Intenta Kirchner manejar designaciones de jueces

Desde hace seis meses el Ejecutivo tiene en su poder una nómina con 36 ternas de aspirantes a jueces listos para ser nombrados. Pero por esos celos que suele tener Néstor Kirchner todavía no ha enviado los pliegos al Senado. Lo ocurrido podría formar parte del anecdotario del obsesivo perfil que al patagónico le gusta imponer a su administración. Sin embargo, no lo es. Y, ciertamente, tiene más sabor a desatino o asambleísmo exacerbado.

Resulta que la llamada filosofía de la transparencia, nacida a partir de la postulación del penalista Eugenio Zaffaroni a la Corte, ha llevado a Ejecutivo a construir una especie de tribunal paralelo para juzgar la selección de los postulantes.

Dos meses después de la experiencia Zaffaroni, el gobierno decidió extender esta mecánica para designar jueces federales y fiscales. El Estado está gastando dinero (y también tiempo) en publicitar los candidatos a jueces para que puedan ser impugnados, con la idea de que así se podrá corregir el descrédito que hoy tiene la Justicia. En síntesis, pretende que cada uno de los argentinos discuta si los candidatos propuestos reúnen los requisitos éticos y de idoneidad.

Pero sucede que todo este procedimiento es implementado por el Consejo de la Magistratura, que antes de elevar la terna de jueces al Ejecutivo somete a los candidatos a un exhaustivo concurso que los postulantes deben atravesar con éxito.

A ese estadio se llega luego de un sorteo de jurado, la publicación del jurado que interviene en el concurso y la lista de los candidatos. Hay un período de impugnación con audiencias públicas, evaluaciones y recién luego en plenario la Magistratura, también en audiencia pública, forma la terna.

Por ley, ese cuerpo colegiado tiene 90 días para seleccionar la terna y enviarla al Poder Ejecutivo después de la prueba de oposición.

Ahora el gobierno pretende revisar todas estas designaciones y someter a los aspirantes a jueces a una repetición del proceso, pero esta vez encarnado en el Senado.

El presidente del Comité de Selección del Consejo, Eduardo Orio, reconoce como « buena» e «importante» la idea de darle transparencia a la designación de jueces, pero defiende con frenesí las facultades que la Constitución le otorgó al Consejo en la selección de los magistrados federales y que hoy el gobierno se empeña en ignorar.

Orio sabe simular el malhumor que le produce este « Consejo en la sombra» montado por el Ejecutivo, pero no desconoce que muchos de sus pares interpretan la actitud del gobierno, ejecutada por el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, como un claro avance sobre la jurisdicción de los consejeros.

«El único problema que tiene el mecanismo de la Magistratura es que no prevé la publicación del patrimonio de los candidatos, pero ése es un aspecto subsanable», sostiene Orio.

Desde que se creó el Consejo de la Magistratura, ese cuerpo remitió al Ejecutivo 128 ternas (117 para tribunales habilitados y 11 para tribunales no habilitados) y el gobierno nombró
90 jueces.

Kirchner en el tiempo que llevade gestión sólo nombró 10 jueces. Todos eran remanentes de la época de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde.

• Ternas

Ahora tiene 36 ternas en su poder. La primera fue remitida por el Consejo de la Magistratura en diciembre de 2001 y la última ayer. Dos son de significativa importancia para un gobierno que se jactó de iniciar una cruzada contra los evasores tributarios, porque se trata tribunales de ejecución fiscal.

Este control que el gobierno pretende implementar sobre la selección de jueces tiene otro significado, además del político, implica que el nombramiento se dilatara en el tiempo. Una cuestión injustificable cuando ya se implementó un proceso de selección.

Lo grave es también que tiene un efecto que toca a los justiciables. Es decir, a la gente que concurre a los Tribunales en busca de Justicia, ya que los juzgados permanecerán vacíos hasta que se cubra la vacante.

El problema no es mayor en Capital Federal porque se convoca a un juez que está dentro de la jurisdicción o a uno ya jubilado. Es verdaderamente inquietante en el interior del país, donde un magistrado en el mejor de los casos debe hacer hasta 500 kilómetros para cubrir el vacío que provoca un retardo en la designación.

Para colmo de males, en el Congreso está a punto de expirar la «ley de subrogancia» (que ya fue aprobada en Diputados) porque el Senado no puede confirmar si su aprobación se realizó por mayoría calificada. Esta norma permite, precisamente, que una vacante pueda ser cubierta por el juez de jurisdicción, por un juez jubilado, por el secretario del juzgado y en última instancia por los abogados de la matrícula.

Pero hasta que no se confirme cuántos senadores votaron esta ley, seguirá siendo sólo un proyecto más de los tantos que hay en el Congreso.