En un tenue ensayo de acercamiento, el kirchnerista FpV y el oficialista PJ coincidirán este viernes en el esponsoreo de una charla que Diana Conti ofrecerá en la Cámara de Diputados bonaerense sobre los mecanismos que rigen a nivel nacional para la remoción de jueces. Ex frepasista, Conti fue senadora como segunda de Raúl Alfonsín hasta 2005, cuando fue electa diputada K. Ahora es delegada en el Consejo de la Magistratura y funciona como ariete oficial al punto que fue quien promovió formalmente la embestida contra la Cámara de Casación.
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Conti visitará la capital provincial para hacer una larga defensa de las reformas que, de la mano de Cristina Fernández, el gobierno impuso en el Consejo de la Magistratura. ¿Son ideas para que en Buenos Aires se avance en una reestructuración similar?
Hay más de un indicio que apunta en esa dirección. El dato central es que, en Buenos Aires, a diferencia de lo que ocurre en la nación, el Consejo tiene facultad para designar jueces pero no para removerlos, proceso que opera a través de un tribunal creado ad hoc.
Dependencia
Ese cuerpo para juzgar -que integran jueces, abogados y legisladores-se conforma para cada caso puntual, luego de que opere la acusación de la Procuración General de la Corte. Es decir: todo el trámite depende, casi exclusivamente, de la «corporación judicial».
No es una diferencia menor: a nivel nacional, el Consejo puede «ejecutar» mientras que el Congreso está, a su vez, autorizado para acusar. Ni una cosa ni la otra ocurren en la provincia: el Consejo se limita a nombrar jueces mientras que la Legislatura no puede iniciar causas.
La intención de potenciar el rol del ala política, tal como ocurrió en el ámbito nacional, logra hermanar a sectores enfrentados: el diputado Raúl Pérez (FpV) y la senadora Mónica Lizta (PJ) escoltarán a Conti. Para completar la cuadratura del círculo K, se sumará José Eseverri, senador radical K.
Es una unidad sugerente luego de que, tras una operación de pinzas en el Senado entre el peronismo, el radicalismo y un kirchnerista silvestre, Aldo San Pedro, quedó congelada una propuesta del gobernador Felipe Solá para reformar la Justicia penal.
Quizá, detrás, haya otra razón menos pública. De a poco, terminado el bombardeo cruzado entre José María Díaz Bancalari y Carlos Kunkel, la relación FpV-PJ parece empezar a normalizarse al menos en el terreno legislativo, menos por amor que por protección mutua.
Se espera, por ejemplo, que el vice y candidato a gobernador Daniel Scioli cene con diputados y senadores provinciales y junte en la misma mesa a pejotistas y frentistas. El ejercicio de celestino puede revelar alguna virtud política del postulante.
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