Todavía es incierto el número. Pero se sabe que una amplia camada de militares que revistaron en el Ejército entre 1976 y 1983 serán citados a declarar por delitos de lesa humanidad. El desfile militar por los tribunales federales es directa consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que validó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Las citaciones arrancan desde el grado de teniente, en el caso de los oficiales, y de cabo para suboficiales. Esas eran sus jerarquías hace 28 años, cuando se produjo el ingreso de los militares en el poder. Aunque son pocos los que arriesgan una cifra, en los juzgados donde se investigan las causas del Tercer Cuerpo de Ejército, Regimiento de Infantería 3 y ESMA calculan que más de 300 integrantes de las Fuerzas Armadas serán llamados como testigos, otros indagados y acusados de crímenes de lesa humanidad a partir de la semana próxima. Desde el gobierno se afirma que sólo una veintena de ese número está en actividad. El resto, la mayoría, ya pasó a retiro. Esa situación le da una cuota de alivio a la administración Kirchner que considera que las citaciones no provocarán malestar castrense. Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado inadvertido entre los funcionarios: el jefe del Ejército, general Roberto Bendini, podría ser uno de los convocados por los jueces. Bendini arrancaba su carrera cuando en el país gobernaba la Junta Militar. Y a los jueces le interesa oír de boca militar una explicación sobre el tipo de órdenes que recibió en la lucha clandestina contra la guerrilla.
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La Jefatura del Estado Mayor General del Ejército ( JEMGE) ya habría remitido el legajo de los militares citados por los jueces que investigan las causas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos. Hasta ahora hay 157 militares encarcelados que aguardan el proceso de juicio oral.
Aunque se mencionaba que las citaciones también incluirían los casos investigados del Primer Cuerpo de Ejército, esta posibilidad fue descartada por el juez Daniel Rafecas.
Ese juzgado criminal y correccional tiene otros tiempos. La causa de los militares no fue motorizada por el último fallo de la Corte Suprema. Ese juzgadoya hace un año decretó inconstitucionales las «leyes del perdón» en un fallo que dictó el juez Rodolfo Canicoba Corral, confirmado luego por la Cámara Federal.
• Reconstrucción
En la investigación que ahoralleva Rafecas, se está en plena reconstrucción de cómo funcionaban los centros clandestinos de detención como el « Atlético», «Olimpo», «el Banco» y «el Vesubio». Hace poco, el juez federal realizó un reconocimiento en «el Vesubio», que operaba con personal de Inteligenciay de la Policía, pero no de militares.
El caso del Primer Cuerpo de Ejército es una investigación de abajo hacia arriba porque toda la tarea de armado de pruebas está centrada (por ahora) en el testimonio de víctimas y familiares de desaparecidos.
La otra cuestión que se está definiendo es el lugar donde serán alojados los militares que sean procesados. Ya se dejó de construir y rehabilitar las celdas de Campo de Mayo. Al parecer, la idea del gobierno es que los militares que terminen procesados sean alojados en cárceles comunes.
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