Diputados emitirá esta semana el dictamen de un proyecto aprobado por el Senado que modificó la constitución del tribunal de enjuiciamiento para magistrados del Ministerio Público, es decir, fiscales y defensores oficiales, que permite ampliar el espectro de juristas convocados. El gobierno, a través de su delegada en el Congreso, Cristina de Kirchner, pidió celeridad en convertir en ley esta reforma, antes que verse obligado a convocar ex jueces de la Corte Suprema para juzgar fiscales.
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Hasta ahora, un tercio de ese tribunal podía estar integrado exclusivamente por ex miembros de la Corte Suprema de Justicia, procuradores o defensores generales, lo que complicaba la elección para el gobierno. Basta analizar la lista actual de candidatos a juzgar fiscales cuestionados para comprobar que allí revistan las antípodas del actual oficialismo en materia legal: como Jorge Bacqué, Julio Nazareno -no tiene impedimiento por no haber sido inhabilitado-, Eduardo Moliné O' Connor -también removido de la Corte, pero sin inhabilitación-, Guillermo López, Gustavo Bossert y Mariano Cavagna Martínez o Rodolfo Barra, a los que se sumará Nicolás Becerra, como ex procurador general de la Nación.
• Urgencia
Se explica entonces el apuro de Cristina Fernández de Kirchner en abrir el abanico de posibilidades con un proyecto que habilita a integrar el tribunal de enjuiciamiento a tres vocales que «deberán cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación» y que serán designados «uno por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado y otro por la Corte Suprema de Justicia de la Nación». Algo muy diferente de que todos deban ser exclusivamente ex jueces del máximo tribunal.
Los requisitos para el resto de los integrantes del jury no cambiaron: otros dos vocales deberán ser abogados con matrícula, también cubriendo los requisitos para ingresar en la Corte, y designados por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Colegio Público, y otros dos miembros elegidos por sorteo entre procuradores, fiscales y defensores oficiales ante la Corte Suprema. En esto no hubo cambios.
La premura en sancionar el proyecto fue asociada directamente con la decisión de Gustavo Béliz de denunciar a Jorge Sica, el fiscal antisecuestro que intervino en el caso Blumberg.
La Comisión de Asuntos Constitucionales -presidida por Cristina Kirchner-emitió el dictamen del proyecto sólo 72 horas después de que Sica fue removido del caso Blumberg al disolver la fiscalía federal especial de San Isidro. Y al día siguiente, el Senado sancionó el proyecto en el recinto.
Fue tiempo récord para la modificación de las condiciones de constitución de un tribunal que en realidad nunca funcionó. Para ser más claros: desde que se promulgó el 11 de marzo de 1998 la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece el procedimiento para constituir el tribunal de enjuiciamiento de fiscales, ese jury nunca fue constituido. De hecho, el Senado nunca se tomó el trabajo ni de nominar a su representante.
Ahora, ante la posibilidad de tener que poner en marcha ese cuerpo, el gobierno se apuró a modificar -aunque falta todavía que Diputados la convierta en ley-los requisitos de ingreso antes de verse forzado a ver por televisión cómo Nazareno o Barra, por caso, se sientan a juzgar fiscales.
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