La Corte, con dos aliados más para enfrentar al duhaldismo

Judiciales

Es muy probable que un par de ministros de la Corte Suprema de Justicia abandone sus cargos, con independencia del curso que tome el proceso de juicio político que se impulsa desde la Cámara de Diputados. Casi seguramente Julio Nazareno será uno de ellos, cansado de la agresividad que ha debido soportar durante el último año. Se trata de una paradoja porque, desde que asumió la administración de Eduardo Duhalde, la balanza de poder se ha ido inclinando lentamente a favor del tribunal, en detrimento de la Casa Rosada. La última prueba de esa fluctuación se hizo pública anteayer, cuando el Presidente debió dar marcha atrás con la firma de un decreto que su ministro de Economía, Jorge Remes, había presentado la noche anterior como la viga maestra de su política para salir de la crisis: el que pretendía suspender el «goteo» del «corralito» limitando el recurso de amparo para los depositantes.

Antonio Arcuri y Rubén Ci-tara, los dos abogados más cercanos al Presidente -aunque enemistados entre sí-, le hicieron saber que la Corte no avalaría esa norma. Importan los argumentos pero, sobre todo, el juego político en el que se inscriben y que hoy le da a los nueve jueces más poder que al propio Presidente:

• Una razón principal de la firmeza de la Corte frente a Duhalde es que últimamente hubo factores ajenos a la polé-mica del «corralito» que favorecieron al tribunal. Uno de ellos, importante para la sensibilidad del gobierno, es la serie de pronunciamientos informales y discretos del embajador de los Estados Unidos, James Walsh, en favor de que no se produzca una embestida institucional grosera contra la Justicia. Al parecer, Walsh obedece a criterios de prudencia política -como muchos observadores externos cree que la Argentina no tolera la apertura de más incógnitas respecto de sus reglas de juego-más que a consideraciones éticas o estéticas.

• El otro factor de poder que salió en inesperada defensa del Tribunal ha sido el sector militar. Las Fuerzas Armadas y de seguridad le han hecho saber a Duhalde que pretenden monito-rear el eventual reemplazo de jueces por dos razones. Primero, porque quieren garantías respecto de la orientación de quienes deben evaluar eventuales acciones de represión (nadie quiere quedar convertido en el comisario Rubén Santos o el secretario Enrique Mathov). Segundo, porque se tramitan hoy en la Corte dos causas por derechos humanos -una tiene que ver con el presunto secuestro de bebés-en las que hay uniformados imputados. En una de ellas los jueces hasta han «tanteado» una votación informal, con resultado de 5 a 4. En el Ejército esperan que finalmente la causa se zanje favorablemente por 6 a 3 (la licencia de Adolfo Vázquez podría resultar fatal para el conjuez al que, eventualmente, le toque participar en la resolución de este caso). En el campo castrense produce temor el reemplazo de algunos ministros actuales por candidatos duhaldistas del tipo León Arslanian o alfonsinistas como Ricardo Gil Lavedra. Duhalde es receptivo a esa preocupación.

• El gobierno mantuvo durante el último mes dos negociadores con el tribunal. El primero es el propio Duhalde, que emitió y recibió mensajes a través de José Pampuro, su opera-dor «todo terreno». El otro, Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados. La participación de este quilmeño en las tratativas exhibe el corazón del problema: cualquier conversación con la Corte debe incluir la situación que se abrió en la Cámara baja, donde se discuten varios pedidos de juicio político que deberían tener uno o varios dictámenes de comisión el próximo jueves, aunque ayer se estudiaba una prórroga en los plazos. Además, incluir a Cama-ño en el diálogo sirvió para desactivar su ímpetu inicial, ya que el diputado habría tenido la idea de estimular el ingreso de 300 «caceroleros» al 4° piso del Palacio de Justicia -en realidad, 300 «batatas» del conurbanopara desalojar de allí a los jueces más desagradables para el duhaldismo. Un integrante del gabinete amenazó en aquel momento con su renuncia si prosperaba el desatino.

• Sin embargo el canje de la convalidación del decreto de Duhalde por la eximición de cualquier cargo en Diputados resultó una ecuación imposible, tal como le quisieron hacer entender al Presidente varios dirigentes políticos. El argumento es sencillo: si los jueces de la Corte admitían anular el amparo, que es junto al 'hábeas corpus' una de las dos columnas del sistema de garantías constitucionales, se estarían ganando la apertura de un juicio político mucho más serio y fundado que el que ellos buscarían cerrar a través de ese pronunciamiento.

• En la negociación, sin embargo, hubo matices. Los jueces enviaron al gobierno antecedentes y doctrina para cooperar con una salida razonable desde el punto de vista jurídico y Nazareno insinuó que el deseo del Ejecutivo podría tener alguna viabilidad. Sin embargo cuando el presidente del cuerpo some-tió al acuerdo de sus pares las inquietudes de la Casa Rosada los demás jueces rechazaron el decreto. Duhalde, que no conoce con detalle el ritual de estos juristas, cree que por segunda vez el magistrado riojano se burló de él (la otra vez fue cuando le garantizó seguir negociando y la Corte terminó cuestionando el «corralito» en el caso Smith). Los jueces, por su parte, creen que quien no cumplió fue el Presidente: con sinceridad o sin ella, no puede garantizar que el peronismo obedezca sus órdenes (más aún, habitualmente consigue más sumisión de los radicales, dispuestos a todo con tal de que no les imputen su pasado reciente).

• Con esta salida, el tribunal obligó a Economía a mirar el problema central desde otra óptica: en vez de obturar el goteo, deberá abrir el corralito. Eso significa el paso del decreto al «BONEX». A los jueces les inquietaba poco el disgusto de Jorge Remes Lenicov. Le tienen poca simpatía por detalles: concurrió una vez a visitarlos y la otra envió a Oscar Lamberto. Los magistrados resolvieron por votación si lo recibían o rechazaban la visita de un subalterno.

• Al purismo jurídico la Corte agregó otras razones para rechazar el deseo de Duhalde. La primera es que nadie del gobierno podía definir con los jueces quién sería la víctima del eventual cacerolazo. ¿Debería soportarlo el Ejecutivo por emitir el decreto o el Judicial, por rechazar los amparos? En el choque anterior se produjo el mismo dilema y el gobierno reaccionó culpando a la Corte y desatando el juicio político desde la bancada oficialista. La duda es más grande porque nadie puede garantizar que Duhalde, maníaco de las encuestas, termine sumándose a la cruzada de Elisa Carrió, quien puede pedirle pocas cosas más a la política que el cuadro de un Poder Judicial que defiende la estabilidad del sistema financiero (para ella, la boda entre dos demonios).

• Finalmente, hay un fenómeno de época, más inasible, que juega hoy en favor de los jueces. Es la predisposición de una parte de la sociedad argentina a que se condene penal-mente a sus gobernantes por el éxito o fracaso de sus gestiones más que por los delitos que efectivamente cometieron. Duhalde no es indiferente a que sus dos predecesores inmediatos, Carlos Menem y Fernando De la Rúa, no logran alejarse de los tribunales. Y nadie garantiza que la gestión actual resulte más afortunada -y por lo tanto más inmune al virus de una Justicia demagógica-que las de aquellos otros presidentes, que además fueron elegidos por el pueblo. El razonamiento que comenzó a ganar a los íntimos del Presidente es bastante lógico: «Si sin pelearse con la Corte, Menem y De la Rúa están en problemas, qué nos puede esperar a nosotros si, después de insultar a los jueces, terminamos mal». No habla bien de un país que predomine en la vida pública esta lógica, por la cual dos poderes del Estado juegan al póquer para ver cuál manda primero preso al otro.

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