El noneto de jueces que integra la Corte Suprema de Justicia le enviará a Néstor Kirchner una señal de calma: no habrá hoy ningún fallo candente que pueda sacudir los cimientos del nuevo gobierno. La Corte se reservará para más adelante una definición acerca de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. También sobre la devolución en dólares de los depósitos de los ahorristas planteada a través del caso Beratz.
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Es más, a partir de la próxima semana varios de los integrantes de la Corte viajarán al exterior o se tomarán licencia (el presidente de la Corte Julio Nazareno viajará a Italia invitado por el Consejo de la Magistratura de ese país, Antonio Boggiano no está en el país). Por unos quince días, el gobierno tendrá oxígeno sin resoluciones que puedan apresurar decisiones o que compliquen la gobernabilidad ya que existe un acuerdo tácito entre los ministros de resolver temas ríspidos sólo cuando todos estén presentes. Después de ese período, vendrá la feria judicial, que significa más tiempo para el gobierno en su espinosa relación con el alto tribunal.
La administración de Kirchner tiene en claro que, a diferencia de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad o de organismos de la administración pública, con la Corte no puede ir con «el cuchillo hasta el hueso» (como gustan decir los colaboradores del Presidente), sencillamente porque se trata de otro poder del Estado con independencia. Cualquier medida que tome para producir una «renovación» de la dirigencia de la Justicia deberá transitar por caminos institucionales que no serán simples. Kirchner no cuenta con una mayoría en el Congreso. Hace pocos días, el nuevo piloto que conduce la estratégica Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el tucumano Ricardo Falú, le hizo saber que será difícil que la acusación contra el juez Carlos Fayt prospere si no se logra reunir el apoyo de los dos tercios de la bancada que se necesitan para pasar el juicio al Senado.
Y, además, anticipó que se deberá contar con los elementos suficientes para sostener la acusación de «mal desempeño en sus funciones» y rebatir con peso jurídico el descargo que realizó Fayt, que tuvo como base el primer fallo de la Corte Suprema dictado el 17 de setiembre de 1892 (fallos 49:41), que estableció que «ser acreedor o deudor del Banco Nación en juicio en que éste sea parte no es causal de recusación».
•Posicionamiento
En la primera reunión que la Corte mantendrá hoy tras la asunción de Kirchner, estará -a excepción de Boggiano-, la totalidad de los ministros. Y, si bien no habrá fallos, los jueces acordaron conversar sobre la postura que asumirá la Corte frente al nuevo gobierno y al ministro de Justicia, Gustavo Béliz.
Pero lo que más preocupa en el gobierno es el punzante tema de la declaración de constitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida, que ya habría reunido el voto de -por lo menos-seis de los nueve ministros de la Corte.
Hasta el influyente ex jefe del Ejército general Martín Balza se animó ayer a polemizar con quienes, dijo, pretenden influir sobre la Corte Suprema con la intención de lograr un fallo favorable a la constitucionalidad, sobre todo de la ley de 1987 de Obediencia Debida y «obtener un fallo judicial para evitar responder a los requerimientos de la Justicia».Y desechó la posibilidad de que una eventual derogación de las leyes pondría en jaque a las Fuerzas Armadas y obligaría a miles de oficiales a pasar por los tribunales.
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