¿La Corte Suprema, en la disyuntiva de 1930?

La Corte está ante el mismo dilema de 1930: convalidar la subversión del orden constitucional en aras de no complicar las cosas al gobierno o cumplir su deber y preservar la Constitución. Alberto Benegas Lynch (h) y Carlota Jackish acaban de presentar su libro «Librecambio y división de poderes», Ed. Lumière, donde señalan la acordada del 10 de setiembre de 1930 como el inicio de la declinación judicial. En la misma, la Corte sostuvo que el gobierno que detentaba Uriburu estaba en posesión de la fuerza necesaria para asegurar la paz y el orden, la vida y las propiedades. Agrega que eso lo constituye en un gobierno de facto, con la consecuencia de poder realizar los actos necesarios para la persecución de sus fines. De esa guisa, le otorga validez, cualesquiera sus vicios, y decreta que sus actos no son judiciales puesto que están fundados en la fuerza.

Ahora, los argumentos que se esgrimen para sostener la pesificación repiten los que alentaron aquella acordada. Hoy el razonamiento es que no están los dólares y que, de rechazarse la pesificación, los bancos quebrarían. En 1930 se decía que no había orden y que, de rechazarse el golpe, entraríamos en graves dificultades. La explicación de que no están los dólares es propia del subdesarrollo. Ningún sistema bancario tiene los recursos para devolver todos los depósitos simultáneamente. Su sustento es el crédito, la confianza en que las partes se comportarán en la forma estipulada, sin interferencias de gobernantes ni salvadores mesiánicos.

En un libro que no logro concluir, sobre cómo salir de la miseria y el atraso, repaso y adapto los impulsos de la democracia, según Robert Cooter, «The Strategic Constitution», Princeton University Press 2002. «La democracia combina intereses, razona pugnas, despierta y canaliza pasiones, y converge en voluntades. Intereses. Las personas tienen intereses contrapuestos. Cada una busca sus mejores opciones en los negocios particulares y en los políticos. Como las transacciones políticas satisfacen a las partes en forma desigual -unos ganan más que otros-, se necesitan formas de atenuar el conflicto y la democracia es un sistema de competencias para hallarlas. Los políticos son los encargados de esta tarea que idealmente se centra en la Legislatura.

''Razón. Además de la competencia para alterar la legislación y modos de gobierno, la democracia engloba al imperio de la ley. Para lo cual hace falta aislar a los jueces de las presiones políticas. En lugar de satisfacer intereses sectoriales, las cortes evalúan argumentos y conveniencias de las partes para conseguir la riqueza del conjunto.

''Pasiones. La mayoría de la población no tiene la preparación ni el interés para seguir argumentos dilatados y evaluarlos antes de emitir su voto. La pasión de las campañas electorales es el atractivo para interesarlos. Los sentimientos y sensaciones influencian más a los ciudadanos que a los jueces. De ahí que los políticos apelen a la oratoria, a los símbolos y a las impresiones para influenciar a los votantes.

''Voluntad. Como las pasiones son inestables, la voluntad gobierna impulsos momentáneos y permite enfocar objetivos consistentes. En las democracias, es el Ejecutivo el que provee el liderazgo necesario para perseguir propósitos deseados, por su capacidad de dirigir a la burocracia y a los miembros de su partido.

''El cuadro resume los impulsos, los procesos y las instituciones principales en el equilibrio de la democracia. Las negociaciones facilitan alcanzar acuerdos sostenidos de intereses y el ámbito especializado es el Congreso. Lograr que las razones prevalezcan requiere debate argumentado y para eso está la Justicia. Movilizar las opiniones que apasionan a la población necesita de la oratoria y los símbolos de las campañas. Cumplir los objetivos sancionados requiere voluntad coordinada por el liderazgo del Ejecutivo.

''La superioridad de la democracia descansa en el marco institucional que establece leyes que responden al interés de la población, aplicadas según razonamientos legales, orientadas por un equilibrio entre la voluntad del Ejecutivo y la pasión de la gente. En este libro apunto que las democracias pueden brindar más bienes públicos para la prosperidad siguiendo los intereses de la población más de cerca. Ejecutivos que imponen objetivos contrarios a la gente instrumentan la pobreza. El rasgo fundamental de la democracia es el respeto por el otro, que evita el conflicto redistributivo».

Nuestra Constitución es clara y su artículo 17 dispone: «La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada». Si la Corte de los EE.UU. hubiera sostenido que eran legales todos los actos que su rechazo incomodara a los otros poderes, ese país no se distinguiría del resto. Ni la Corte tendría razón de ser.

• Desafío

La Corte Suprema argentina está ante un gran desafío. Apartarse del canto fatídico de las sirenas de sostener los intereses de corto plazo del presidente, de los legisladores y de algunos bancos y deudores. Porque sólo reconocer el derecho de propiedad de los ahorristas, los que más confiaron en las leyes del país, abre el camino a la recuperación. Como apuntara Alberdi: el capital es quien civilizará a América. Cualquier acto contra el mismo es un crimen de lesa América. Al confirmar la Corte el derecho de propiedad de los ahorros confiados al imperio de la ley nacional, los bancos ofrecerían cuentas en dólares, con plazos acordes con las posibilidades de recuperar su cartera y con su crédito, trayendo capitales del exterior. Si no se despesificaran los créditos, el Estado ofrecería bonos por su responsabilidad en esa decisión. El actual desaguisado se enderezaría pausadamente y la cotización del peso se recompondría, una vez encaminado un programa creíble. Nuestra gente volvería a sonreír y a tener esperanzas otra vez.

En esa tarea, las conductas de los banqueros son críticas. En vez de procurar descargar el peso de la expropiación a que fueron sometidos en las espaldas de sus clientes, los depositantes, insisten en la legitimidad de sus acreencias y de la compensación que establece el Art. 17 de la Constitución nacional. Porque su negocio es defender la propiedad de los que confiaron en ellos. A los ocupantes del Ejecutivo y Legislativo les cabe la responsabilidad de sus actos que, en este caso, habrán incrementado la deuda pública en unos $ 100.000 millones. Para desarmar el entuerto, es preciso convocar a elecciones cuanto antes.