La fiscalía barrial que hay en Capital no bajó delito

Judiciales

El proyecto de crear fiscalías de barrios en el área del territorio porteño es una propuesta controvertida y con futuro problemático. El modelo ya ha tenido en la ciudad una expresión piloto en el barrio de Saavedra y se ha extendido a Parque Patricios y La Boca.

En Saavedra lleva cuatro años de funcionamiento y, hasta ahora, los resultados no muestran una reducción en el índice de delitos. Es decir que el enunciado de garantizar la «proximidad y la inmediatez» para que la Justicia sea más eficaz, ha sido sólo eso: un concepto inspirado en un afán político.

Por lo contrario, esa área de la Capital concentra un fuerte incremento en el delito: es uno de los «corredores» que comunica la zona norte con el conurbano bonaerense en los casos de secuestros extorsivos. Ha sido el lugar donde ocurrió la violación y asesinato de Lucila Yaconis, en las vías del ferrocarril. Antes hubo ocho casos de ataques sexuales. Después de cuatro años, los delitos siguen siendo los mismos.

Por estas horas, los vecinos de ese barrio porteño están preparando
una marcha contra la fiscalía barrial, que supo ser el trampolín de despegue del ahora secretario de Seguridad, Noberto Quantín.

En rigor, las fiscalías barriales son una vieja pretensión de
Gustavo Béliz desde su época de aspirante a alcalde porteño. Incluso la fiscalía de Saavedra fue objeto de una visita de William Bratton, el ex jefe de policía de Rudolph Giuliani.

Allí,
Quantín se despachó con una frase que todavía perdura en la memoria de otros fiscales: «Puedo asegurar que, en la medida en que se incremente la proximidad de los jueces y los fiscales a los barrios, la producción de los tribunales puede mejorar mucho con el contacto con los vecinos». Al parecer no lo logró.

Si meritó el incisivo comentario de
Bratton: «No conozco ningún otro lugar en el mundo -aseguró- donde la Policía tenga menos poder y atribuciones que en la Argentina».

• Dúo controlador

Y es que el dúo Béliz-Quantín siempre ha querido ser el controlador de la Policía. En síntesis, una especie de comisario del comisario. Y esa postulación es la que desagrada al resto de sus colegas, que consideran que la función de la fiscalía es representar a los ciudadanos ante los tribunales y no asumir funciones que sólo les competen a las fuerzas de seguridad que han sido entrenadas para la persecución del delito (algunos sospechan que, en realidad, la intención de montar una jefatura paralela a la comisaría de barrio es producto del frustrado deseo de ser policía).

Ese poder paralelo fue el que frenó anoche el Senado, porque el proyecto que venía de Diputados le daba facultad al procurador general de crear las fiscalías. Los senadores estuvieron lúcidos y decidieron restituir esa facultad al Congreso. No es una mera anécdota, si se tiene en cuenta que por la presión del ministro Béliz, el procurador sustituto,
Luis González Warcalde, cerró una fiscalía antisecuestro que resolvió 80% de los casos que se produjeron en la zona norte. Todo porque se enfrentó con el fiscal Jorge Sica. Pero hay más:

• Las fiscalías de barrio son cuatro veces más caras que las ordinarias. Para la gran mayoría de los fiscales, se intenta trasladar la función de brindar seguridad a la Justicia, cuando la ecuación debe se inversa: el Estado debe ser el garante de la seguridad de los ciudadanos. En otras palabras, es un problema del Ejecutivo, no del Poder Judicial.

• Existen problemas de métodos y de proceso. Aunque la gente se empeñe
en crear un «álbum» sobre supuestos delincuentes que actúan en un barrio, este mecanismo siempre ha sido cuestionado y, por caso, muchas rondas de reconocimiento han resultado invalidadas por la presencia de esa imagen y, también, por la ausencia de un juez.

• Los fiscales, que desde hace tiempo vienen criticando este proyecto, sostienen que la seguridad no pasa por una descentralización de su ministerio sino por aplicar una política de seguridad que ataque el delito, desde proveer iluminación hasta tener un detallado mapa del delito. Cosas que aún son inexistentes.

Al parecer,
Béliz tendrá algunos inconvenientes para lograr una ley que en el apuro por saldar cuentas se termine convirtiendo en una nueva ley que consagra la ineficiencia.

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