La oposición, contra el gobierno y el fiscal

Judiciales

La decisión de Néstor Kirchner de disponer la salida de Fulvio Madaro, presidente del Enargas, y de Néstor Ulloa, gerente general de Nación Fideicomisos SA, acusados de estar nombrados en una gravación en relación con las coimas del caso Skanska, hizo temblar ayer tanto al Poder Judicial como al Congreso. En contraste, el gobierno apareció tranquilo con el polémico justificativo que tuvo Kirchner para firmar ese decreto. Sobre todo en el punto mas álgido de la decisión presidencial: la exposición en que quedó Carlos Stornelli después de haberse revelado la conversación con Aníbal Fernández.

Una alta fuente de la Casa Rosada explicó ayer que se tomó la decisión de descubrir la conversación del fiscal «porque ésa fue la única prueba» con que contaron para justificar la salida de Madaro y Ulloa de sus puestos. El gobierno actuó, entonces, ante el apuro de una decisión de la Justicia que creyó inminente efectivizar la citación a Madaro y Ulloa. Sea como fuere, la posición del fiscal continuaba deteriorándose ayer al punto que la Procuración, de donde depende, debió salir a explicar que no tomaría medidas inmediatas contra Stornelli si no existía una denuncia mediante. De todas formas, no parece que el fiscal haya violado ninguna norma al dialogar con funcionarios como Aníbal Fernández. Se sabe de la locuacidad de esos actores de la Justicia, que no están limitados como los jueces en ese sentido.

Menos justificada pareció la inclusión de Daniel Scioli en la historia. ¿Por qué nombrar al candidato oficial a la gobernación de Buenos Aires y relacionarlo con este tema?, fue la pregunta. «El periodismo está especulando más de lo que es; la participación de Stornelli en el gobierno de Scioli es algo que ya se mencionó en todos los medios. No pareció que fuera algo extraño ahora que hablara con un amigo sobre ese tema», fue la explicación oficial sobre la conversación del fiscal con el ministro del Interior.

La afirmación de Stornelli sobre los dos funcionarios que aparecían en una grabación también tiene sus colores. Anoche en el gobierno se creía que los nombres de Ulloa y Madaro podrían no estar mencionados en las voces que el fiscal recuperó del servidor de Skanska durante un allanamiento, sino que aparecerían nombrados el Enargas y Nación Fideicomisos, por lo que se asumió entonces la responsabilidad de sus jefes.

Juran en la Casa Rosada que no cuentan con datos sobre la posible relación de otros funcionarios del gobierno con el caso Skanska. Esa posibilidad tuvo fuertes ecos en el ARI, donde se afirmaba ayer que Stornelli le había solicitado al juez Guillermo Montenegro no sólo la indagatoria de Madaro y Ulloa, sino también la de Daniel Cameron, secretario de Energía, pero que no le había sido concedida.

El decreto de Kirchner, por otra parte, revolucionó a la oposición. El comité nacional de la UCR emitió un comunicado, en conjunto con Roberto Lavagna, en el que, curiosamente, analizó el decreto: «Es un mensaje de Kirchner con varios destinatarios: 1) A Stornelli lo perjudica notablemente ya que un fiscal no debe anticiparle al poder de turno las medidas procesales que involucranal gobierno. Esto podría dejar al fiscal fuera de la causa. 2) Es una reacción de enojo de Kirchner contra el fiscal por haber probado la participación de dos de sus funcionarios en un caso de coima, lo que lo obligó a echarlos. 3) Es un mensaje a toda la Justicia ya que les señala a fiscales y jueces cuáles pueden ser las consecuencias que sufrirían en caso de procesar o actuar en contra de la voluntad del gobierno. 4) Es otro desplante de Kirchner a Scioli», dijeron los radicales y recordaron que el diputado jujeño Miguel Angel Giubergia ya había reclamado la renuncia de ambos funcionarios por el caso Skanska. Giubergia presentó ayer un pedido de interpelación a Alberto Fernández por el mismo tema.

La posición en que quedó Stornelli después de la revelación del gobierno de su conversación con Aníbal Fernández fue el flanco más atacado.

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