Ley reparadora de Alfonsín no salva a "Isabel" de cárcel

Raúl Alfonsín

Se abre una expectativa interesante en las causas que tienen a «Isabel» Perón como acusada en casos de delitos de lesa humanidad.

Aparentemente, una amnistía especial para la ex presidenta le puede evitar el bochorno de ser procesada por casos de desapariciones forzadas durante su gobierno constitucional. La ley fue denunciada como producto de un acuerdo político entre el gobierno de Raúl Alfonsín e «Isabel», y fue sancionada el 23 de mayo de 1984 bajo el número 23.062 y calificada por el Congreso como de «reparación histórica».

El contenido de esa norma fue motivo de una obstinada búsqueda ayer en Tribunales. El texto establece que la ex presidenta no podrá ser juzgada por ningún delito que hubiera cometido antes del golpe militar. El ojo está puesto en el artículo 2, que dice: «Los jueces carecen de legitimación para juzgar a las autoridades constitucionales destituidas por actos de rebelión, por ausencia del presupuesto representado por el desafuero parlamentario o juicio político previstos constitucionalmente».

La ley está vigente y, según estiman los acusadores de «Isabel», «será utilizada en cualquier momento» para impedir que la ex presidenta pueda ser sometida a un proceso judicial.

Controversia

Como siempre, hay media biblioteca que opina que la polémica ley protege a «Isabel» del vampirismo de los jueces y que hasta que sea derogada -como ocurrió con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final-, la persecución penal contra la ex presidenta no tendrá efectos. La otra mitad sostiene que la acusación de crímenes de lesa humanidad abre las puertas para un eventual procesamiento de la viuda de Perón.

«Isabel» es investigada por dos jueces por presuntas violaciones a los derechos humanos durante su gobierno. Uno de los expedientes lo lleva el juez mendocino Héctor Acosta y el otro, el porteño Norberto Oyarbide.

También conocido como «el Sheriff», el juez Acosta responsabilizóa «Isabel» Perón, a su ex ministro Carlos Ruckauf y al ex senador Italo Luder de la firma de tres decretos que en octubre de 1975 ordenó a las Fuerzas Armadas «ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país».

El 11 de enero, el juez mendocino pidió la captura internacional de María Estela Martínez de Perón para citarla a indagatoria. Ante la negativa de «Isabelita», está preparando el trámite de extradición que deberá enviar a la Audiencia Nacional, la más alta instancia de la Justicia penal española.

La otra causa, la que motoriza el juez Oyarbide, está relacionada con las operaciones de la Triple A y la práctica de terrorismo de Estado. Esa causa se reactivó por una declaración del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

Oyarbide ya tipificó los delitos cometidos por la organización paramilitar como de lesa humanidad. Si la Cámara Federal respalda esa calificación, la ley de reparación histórica gestada durante el gobierno de Alfonsín no podría aplicarse en ese caso.

«Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles e imposibles de ser indultados o de recibir cualquier beneficio de amnistía», se sostiene en el juzgado de Oyarbide.

El juez Acosta ya tuvo una rasante incursión sobre un supuesto «pacto político» entre Alfonsín y el justicialismo para no investigar las desapariciones ocurridas durante el gobierno constitucional de la viuda de Perón.

A fines de enero, Alfonsín tuvo que dar explicaciones sobre esas sospechas, cuando fue llamado a declarar como testigo en la causa que investiga la desaparición del militante de la Juventud Peronista Héctor Fagetti y por la que se pedirá a España la extradición de «Isabel» Perón. Alfonsín hizo su descargo recordando que fue él quien firmó la anulación de la ley de autoamnistía de la junta militar, permitiendo la persecución penal de todos los delitos cometidos desde el 25 de mayo de 1973, ya fueran terroristas o militares.