Mal día para Cristina

Cristina Kirchner no podrá ver hoy el avance de uno de sus proyectos más anhelados: la modificación del Consejo de la Magistratura que le permitirá al gobierno controlar el nombramiento y la remoción de jueces. Habrá dictamen en su Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, pero ella no podrá presidirla, sencillamente porque no es aún senadora. Recién lo será cuando jure mañana, por la demora en contar votos de la Justicia electoral bonaerense, a la que en el Senado se le imputa cierta malicia. Cristina jurará junto con José Pampuro y, otro mal trago, Hilda Chiche Duhalde. Pero ésa no fue la única mufa del día. Ayer, al constituir «su» Comisión de Asuntos Constitucionales con los nuevos legisladores, se enteró de otra mala noticia. El lugar que tenía allí Eduardo Menem, a quien quiso mover de su sillón sin lograrlo en variadas ocasiones, será ocupado por su hermano, Carlos Menem, con quien la primera dama deberá discutir una vez por semana.

Cristina Kirchner

El Senado está alistado para votar el proyecto de Cristina Fernández que reformula la composición del Consejo de la Magistratura y le otorga a la administración Kirchner discrecionalidad total para manejar el Poder Judicial. Será la primera vez que un gobierno tiene poder absoluto para imponer o remover jueces.

El «día D» para darle forma legal a esa iniciativa es hoy. Aunque «la dama» no estará presente para disfrutar del triunfo ya instruyó a su segundo en la Comisión de Asuntos Constitucionales el chubutense Marcelo Guinle, para que se apruebe el dictamen que reduce de 20 a 13 el número de integrantes del consejo de jueces.

• Hegemonía

La idea de la senadora -que retomará el control de esa estratégica comisión un día después- es que el Senado vote el proyecto en la sesión extraordinaria del miércoles.

El gobierno dice que llega tranquilo a los 2/3 necesarios para habilitar sobre tablas el tratamiento de la iniciativa y además aprobarlo y pasarlo a Diputados. En esa cámara se espera que la «ley Cristina» llegue el 21 y que -a más tardar- sea aprobado después de Navidad.

La «senadora» habrá concluido así su faena: otorgará hegemonía política a sus partidarios, les quitará lugares a los partidos minoritarios, excluirádel poder de decisión a jueces y abogados. Y, además, manejará el presupuesto del Poder Judicial. La cifra no es para nada despreciable: 1.500 millones de pesos pautados para 2006. Todo lo hará sin haber escuchado a los partidos de la oposición, jueces y mucho menos a los abogados.

• Intenciones

La receta que dibuja la primera dama comprende darle seis lugares al Poder Legislativo (tres por cámara), tres a los jueces, dos a los abogados de la matrícula, uno a los académicos y uno al Poder Ejecutivo.

Los que pierden con el cambio son los partidos de la segunda minoría como los provinciales en el Senado y el ARI en Diputados, ya que, según el proyecto, por cámara habrá dos lugares para la mayoría (el PJ) y uno para la primera minoría (la UCR).

Los abogados ya adelantaron sus intenciones de frenar en la Justicia los embates de Cristina. Quiere que sean los propios jueces los que digan si la reforma es constitucional o ilegal. Sobre ese tema ya está trabajando -lo adelantó este diario- el constitucionalista Daniel Sabsay, quien vendrá a convertirse en el representante legal de los tres colegios de abogados que cohabitan en la Capital Federal.

Además de la reducción se cuestiona la fusión de comisiones de Acusación y Disciplina, el quórum para sesionar que se reduciría a siete y que el Jury de Enjuiciamiento sea un tribunal ad hoc, que se constituirá en cada caso y no tendrá una integración permanente como ocurre en la actualidad.

Tanto el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados son órganos gestados durante la reforma constitucional de 1994, aunque su puesta en funcionamiento se demoró casi un lustro.

Sus funciones principales son proponer las ternas de jueces que serán elevadas al PEN para su postulación y posterior acuerdo del Senado, así como evaluar el desempeño de los magistrados y, eventualmente, disponer su remoción por mal desempeño de sus funciones, con excepción de los jueces de la Corte.