Malo: acoso a bancos sigue con indagatoria a Escasany

El juez Mariano Bergés decidió ayer indagar por presunta «administración fraudulenta» al presidente del Banco Galicia, Eduardo Escasany.
El magistrado le imputa al banquero haber presuntamente administrado fraudulentamente los fondos depositados por los ahorristas y de enviar «indiscriminadamente» fondos al exterior que imposibilitaron la devolución de los depósitos.

Escasany será indagado el lunes, y dos días después (el miércoles 27) deberá hacerlo el vicepresidente del mayor banco privado de capitales argentinos, Antonio Garcés, quien deberá afrontar los mismos cargos.

El banquero, que a la vez es titular de la Asociación de Bancos de la Argentina, abandonará la presidencia del Galicia en mayo próximo, luego de una asamblea en la que participarán los nuevos dueños de esa entidad.

La estrategia pensada por Escasany, y que desarrollará ante Bergés, pasará por demostrar que la baja de liquidez que sufrió el banco no fue como consecuencia de supuestos actos administrativos fraudulentos, sino que se debió a la pérdida de confianza de los ahorristas, que se produjo desde la asunción de José Luis Machinea al frente de la cartera de Economía.

Sostendrán, además, que las operaciones realizadas con el Banco Galicia Uruguay sirvieron para devolverle a la Argentina recursos financieros que habían emigrado del país y no para fugar divisas, como la Justicia pretende imputarles. Al respecto, señalarán que ese banco ofrece servicios a casi 15 mil personas, todas ellas argentinas, en operaciones relacionadas con el turismo y con la administración de propiedades.

La defensa también responsabilizará de esa pérdida de confianza a una «campaña de difamación» que, según se afirma, fue emprendida por algunos medios periodísticos y por la hermana del banquero, Marisa Escasany, y la diputada del ARI Elisa Carrió.

Precisamente, los abogados de Escasany presentaron la semana pasada en la Justicia una querella por calumnia e injuria reiteradas contra una revista de la Capital Federal, a quien sindican de vehiculizar esta campaña de descrédito contra la entidad bancaria montada sobre la repercusión que tuvieron ciertas investigaciones sobre presuntos hechos de lavado de dinero llevadas adelante por el Senado de los Estados Unidos.

Según la denuncia (que apunta a la revista «Veintitrés» y al programa televisivo «Detrás de las noticias»), la «persistente y descomunal campaña de descrédito» comenzó a partir de mediados del año pasado.

El escrito sostiene que el Banco Galicia fue involucrado como una de las entidades que operaban con «el banco fantasma de Raúl Moneta (el Federal Bank)» y que se encontraba bajo la lupa de la comisión de Diputados que encabezaba Carrió sobre lavado de dinero.

Detalla que, posteriormente, se realizó otra publicación en la que, bajo el título «Del lavado de dinero a la conspiración: quiénes, cómo y por qué quieren derrocar a De la Rúa», se relacionó a Escasany, Carlos Fedrigotti y Manuel Sacerdote como parte de una presunta conspiración golpista.

También hace mención a la publicación en la que la hermana del banquero revela los «secretos» del Banco Galicia y se refiere a la supuesta fuga de capitales, la estafa a los ahorristas y a los políticos cómplices.

En tal sentido, los abogados sostienen que «los secretos no son tales, ni corresponden al Banco», y los relaciona con la «disputa que desde hace años mantiene con casi toda su familia» la hermana del banquero.

Se señala también que como consecuencia de las notas publicadas por la revista «Veintitrés», los fiscales federales pidieron a la jueza María Servini de Cubría que cite a declaración indagatoria a Escasany y le prohíba salir del país.

El pedido fue presentado por el fiscal Luis Comparatore (el mismo que impulsa la causa relacionada con los incidentes del 20 de diciembre), quien consideró que «se advertiría una estrecha relación entre el banquero y varios miembros del poder político que va mucho más allá de lo comercial».

•Reclamo

En tal sentido, los abogados reclamaron a la Justicia que informe si en la causa caratulada como «De la Rúa, Fernando, Colombo y otros» se dictó resolución en la que se dé por establecida (al menos semiplena prueba) la responsabilidad de Escasany en estos hechos investigados.

Y que el Banco Central informe si existe sumario contra el Banco Galicia motivado en eventuales infracciones a la ley de entidades financieras.

También le reclamó al Central que informe si esa entidad vulneró las normas relativas al riesgo crediticio, a la distribución del crédito, al otorgamiento de créditos a personas o empresas vinculadas; al ingreso o egreso de divisas o a hechos comprendidos en la ley de lavado de activos de origen delictivo.

Por el juzgado de Bergés pasaron los directivos de los bancos Sudameris, Scotiabank y BankBoston. Todos ellos ratificaron ante el magistrado que sus bancos estaban en condiciones de devolver los depósitos a los ahorristas, pero que se veían impedidos de concretarlo por las restricciones impuestas por el «corralito».

Hoy declararán ante Bergés los directivos del Banco Río José Luis Cristofani y la española Ana Botín, aunque esta última habría presentado un pedido para evitar su declaración judicial.