Megacanje fulminó a Mario Cafiero y a Carrió

"El mayor fraude argentino"; «embargaron al país por 23 años». Durante un año, fue la explosiva prédica que utilizó Elisa Carrió y Mario Cafiero. Se trató de una fenomenal escena montada contra el canje de deuda (megacanje) que hace pocos días terminó de derrumbarse con un contundente fallo judicial.

El juez federal Jorge Ballestero decretó la falta de mérito contra Domingo Cavallo, Daniel Marx, Julio Dreizzen y Jorge Baldrich, y el sobreseimiento de varios funcionarios que fueron involucrados en la causa. También decidió no citar al banquero David Mulford, ni hacer lugar a varias indagatorias solicitadas por los fiscales y los querellantes. La decisión de Ballestero, además, permitió que saliera a la luz la trama interna de la causa, en especial el dictamen de los peritos, que demostró que la conducta de Carrió y Cafiero fue bastante parecida a una farsa por la cantidad de errores e inconsistencias cometidos.

La noticia sobre el desenlace del pleito no tuvo el impacto ni ocupó centimetrajes de papel y gastó litros de tinta como cuando la Carrió y Cafiero salieron a denunciar que el canje de deuda reportaba jugosas comisiones a los operadores y a los bancos. Y, sin perder tiempo, elaboraban pomposos informes que detallaban cómo se habría manipulado y realizado «el fraude» y cómo se «presionaba» a los bancos estatales para aceptaran formar parte del negocio.

La lista de denunciantes y querellantes incluía a: Dr. Juan Gabriel Labaké, Héctor Valle, Carlos Traboulsi,Alberto Guerberof, Jorge Enea Spilimbergo, Aldo Sergio Parodi, Raúl Jorge Di Stéfano, y los diputados Carrió, el fallecido Alfredo Bravo, Graciela María Ocaña y el permanente Cafiero.

• Pleito

Todos ellos motorizaron un «pleito» en el que acusaron a Cavallo de tener una «cuenta nominada» donde habría cobrado alguna coima por la operación, calificada por ellos de ruinosa para la Nación.

Se llegó a decir que David Mulford («el amigo de Cavallo que lo convenció de la necesidad de la operación») obtuvo una comisión de 20 millones de dólares -que no tenían relación con el aporte mínimo del canje que de su banco, el Credit Suisse First Boston-, erigida en el organizador principal por mandato del ex ministro de Economía.

Otro capítulo de esta historia fue el que se escribió sobre el supuesto descontrol de los bancos privados que «cobraban peaje» por una parte de los títulos que aportaron los bancos oficiales como el Ciudad o el Provincia.

Sin embargo, la trama armada comenzó a caerse cuando la Justicia dispuso la realización de las pericias: por la querella estuvo Juan Carlos Scaramal y por las partes Carlos Melconian, Rodolfo Santangelo, Pablo Guidotti, Raúl Mariscotti, Darío Braun, Luis Martínez, Alfredo Canavese, Aníbal Forchieri, Gustavo Genoni, Guillermo Rozenworcel, Ricardo Arriazu, Horacio Della Rocca, Juan Carlos Kusznir, Edmundo López Couceiro y Enrique Szewach.

Un perito «ad hoc», Juan Ulnik, designado por la Universidad de Buenos Aires y un perito contador oficial, Nury Villalba.

De todos ellos, sólo el perito de la querella, Juan Carlos Scaramal, sostuvo (como cabía esperar) que la operación había perjudicado a la Nación.

Todos los restantes, sin excepciones, incluidos el perito de la UBA y el oficial, dijeron lo contrario. Esto es, que no había perjuicio para el Estado nacional. La fábula armada se derrumbó.

Pero, resulta interesante lo que el juez Ballesteros dijo de la «pericia» de Scaramal (no sólo que «la encara mal»), también sostiene que:

• es de manifiesta irrazonabilidad;

• contiene manifestaciones de apreciación que son propias del Magistrado y no del perito. Torcidas, entonces;

• «en forma sistemática se funda en artículos periodísticos» (amarillos, claro está) para «reforzar» su argumentación. Poco seria, entonces;

• realiza juicios de valor que no corresponden;

• se pronuncia sobre aspectos jurídicos, sin ser abogado, en cuestiones que, además, son de exclusiva interpretación del Juez;

• «ha excedido ampliamente sus funciones, transformando su función técnica en una suerte de alegato dirigido exclusivamente a la incriminación de los funcionarios que fueron indagados en las actuaciones»;

• se pronuncia sobre cuestiones sobre las que no fuera preguntado;

• efectuó juicios de responsabilidad;

• todo lo antedicho «resta validez y credibilidad a la labor efectuada por el Dr. Scaramal»;

• ninguno de los interrogantes que le fueran planteados posee una respuesta «que siquiera roce la razonabilidad»;

• opina sobre cuestiones de economía sin tener conocimiento específico de ellas. Increíble, por cierto.

¿Por qué el Juez actuante no giró las actuaciones al colegio profesional correspondiente, si todo lo de Scaramal está fuera de lugar? ¿Por qué no lo sancionó? ¿Por qué no lo procesó por falso testimonio?

Quizá porque los responsables son los diputados Carrió y Cafiero, quienes políticamente inventaron la gran fábula. Hoy ambos están en silencio.