Una fuerte embestida política sobre la Justicia, podría hacer caer la causa donde se investiga la presunta contratación de «ñoquis» en la intendencia del partido bonaerense de Ituzaingó. Un caso que alcanza a la Casa Rosada, porque la investigación compromete al intendente de ese distrito, Alberto Descalzo y a varios transversales de frecuente trato con Néstor Kirchner.
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El fiscal de Morón, Alejandro Jons, ya comenzó con la ronda de indagatoria de 14 concejales, sospechados de favorecer con sus designaciones a familiares para obtener un ingreso no remunerativo, además de su sueldo. En la lista figuran otras 40 personas, de las cuales 30, supuestamente, estarían implicadas en el cobro fantasma de sueldos. En esa nómina, está incluida la suegra de Descalzo, de 73 años, y la madre de un concejal, de 80.
La causa que compromete al sistema político, ya presenta algunas grietas que vuelven a evidenciar los males de la Justicia de Morón.
Por caso, ya se inhibió el juez de Garantías Gustavo Gabriel Robles y el expediente pasó a una de las protegidas del inefable fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate: la jueza Mónica López Osornio, la misma que procesó al padre Julio César Grassi siguiendo la línea del complot periodístico-judicial que montó el monopolio «Clarín». Osornio fue, también, secretaria de Nieva Woodgate.
Además, los abogados del intendente Descalzo recusaron al fiscal Jons y pidieron la nulidad de todas las indagatorias. La salida de este fiscal -que viene investigando bien la grave denuncia realizada por un concejal peronista «arrepentido»- significa que la causa de los «noquis» volvería a fojas cero. Basta recordar que una megacausa similar, como fue la del ex Concejo Deliberante porteño, derivó en varios prófugos.
Según fuentes judiciales, para apartarse del caso, Robles argumentó una supuesta «conexidad objetiva», es decir, la existencia de una causa similar que está siendo investigada en la fiscalía de otro inefable: el fiscal Andrés de los Santos.
• Acusación
Se trata de una denuncia formulada en el año 1999 por María Isabel Jerez, ex esposa del actual secretario general del municipio, Marcelo Nadal, segundo del intendente Descalzo. La mujer acusó a su ex cónyuge de presuntamente nombrarla como empleada sin avisarle y, además, de cobrar ese sueldo de 1.500 pesos durante un año y medio. En su denuncia contra Nadal, por « presunta estafa y malversación de fondos públicos», Jerez sostuvo que el secretario del municipio cobraba como funcionario municipal otros dos sueldos que pertenecían a miembros de su familia, sin que ellos lo supieran. Esa causa estuvo cinco años paralizada, hasta ahora que fue reactivada.
La inhibitoria de Robles virtualmente deja sin juez la causa de los ñoquis, porque -se dice-ninguno de los jueces de Garantías de Morón quiere tomar la responsabilidad de enviar a políticos a juicio oral en caso de ser encontrados culpables. Esta situación, implica que sea un tribunal superior el que decida qué juez debe investigar, lo cual demoraría varios meses darle nuevo impulso al caso.
En los tribunales de Morón se recordaba ayer la intimidad que uniría al juez Robles con el senador Horacio Román, su militancia activa en el Club Morón y su meteórica carrera de empleado de mesa a auxiliar letrado y luego fiscal bajo las órdenes de Nieva Woodgate, para después convertirse en juez.
También despertaba asombro la pretensión de convertir a De los Santos en el investigador de la causa de los «ñoquis», cuando el fiscal viene siendo cuestionado por su floja actuación en varios casos. Uno de ellos, tiene que ver con el crimen de un joven (que se sospecha tendría móviles políticos) y que compromete en un caso de coimas a Horacio Ramiro González, actual vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y tercero en la línea sucesoria de Osvaldo Mércuri.
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