No funciona

Judiciales

El abogado que nunca fue juez Ricardo Lorenzetti, de Santa Fe, propuesto por el PE para integrar la Corte Suprema de Justicia en lugar del desplazado Adolfo Vázquez, tiene muchas menos impugnaciones, apenas 170, contra 16.200 que tuvo, por ejemplo, Carmen Argibay. Entendamos: Lorenzetti es tan poco conocido, fuera del ambiente tribunalicio, como lo era Argibay, pero no hizo las mismas declaraciones que ella, que dijo ser pro aborto y perseguidora de creyentes («atea militante»), lo cual enardeció a la sociedad. Si además, como dicen sus críticos, permanecería en La Haya y no se incorpora a la Corte, no por avatares de un juicio sino por lograr una jubilación internacional, más críticas lloverían sobre ella. Pero en realidad las escasas impugnaciones contra Lorenzetti por falta de fallos como juez y por desconocimiento no serían la principal causa. Sí que el sistema de consulta del gobierno a la sociedad sobre sus propuestas para integrar la Corte resultó una burla. No era una consulta exigible constitucionalmente al Presidente, pero el aire democrático que se buscó darle resultó una farsa. Con 16.200 impugnaciones, Argibay igual fue propuesta, lo mismo que el tan resistido Eugenio Zaffaroni.

El gobierno se aseguró, gracias al decreto que prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, la aprobación del pliego del candidato a juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, antes de fin de año, al mismo tiempo que se confirmó que Carmen Argibay, quien ya recibió aval del Senado pero todavía no juró porque sigue ocupada en el Tribunal Penal Internacional que juzga los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, asumirá, finalmente, como ministra del Poder Judicial en febrero, tras la tradicional feria de Tribunales.

Esta semana llegará el diploma del jurista santafesino, nominado por Néstor Kirchner para cubrir la vacante que dejó el renunciante Adolfo Vázquez, uno de los animadores de la denominada «mayoría automática» menemista. El responsable de la Comisión de Acuerdos, Jorge Yoma, confirmó que la Cámara alta tratará «antes de fin de año» la designación de Lorenzetti. Una vez que ingrese su nominación al Senado, el abogado de la ciudad de Rafaela deberá superar un período de impugnaciones y después someterse a una audiencia pública para contestar las opiniones desfavorables a su candidatura.

Lorenzetti
recibió 1.071 opiniones favorables a su designación y 170 impugnaciones, el número más bajo entre candidatos a la Corte Suprema desde que el gobierno instrumentó el mecanismo de selección.

El civilista recibió menos opiniones en contra que Eugenio Zaffaroni (811), Carmen Argibay (16251) y Elena Highton de Nolasco (4434), los tres jueces que llegaron al máximo tribunal a instancias de Kirchner. En los tres antecedentes, los rechazos superaron ampliamente los apoyos (aunque las cadenas de mail pueden haber contribuido a engrosar los guarismos).

Si se analizan los 3 casos y el actual, se desprende que el Decreto 222 de
Kirchner -que sirve de marco para las postulaciones a la Cortefue despertando un interés creciente: hubo escasa participación formal, a pesar del debate mediático que generó quien estrenó el mecanismo, Zaffaroni (sin dudas, el más controvertido y conocido de los candidatos), ya que apenas se superan los dos millares de mensajes a favor y en contra que arriban a Justicia. Tuvieron su pico con Argibay y fueron bajando con Highton y ahora con Lorenzetti, el menos problemático de los promovidos por el Ejecutivo.

• Difusión

Una vez que la postulación de Lorenzetti tenga estado parlamentario -lo que podría ocurrir en la sesión de pasado mañana-, Acuerdos dispondrá de 48 horas para publicar sus antecedentes en el Boletín Oficial y en los medios gráficos de comunicación con mayor tirada del país.

Luego se abrirá un plazo de siete días para que la comisión reciba los apoyos e impugnaciones a la candidatura, que finalmente serán evaluados en una audiencia pública con la presencia de
Lorenzetti. A continuación, la comisión emitirá un dictamen, lo que podría ocurrir en la primera semana de diciembre. Este despacho deberá ser tratado en el recinto y ser aprobado por una mayoría especial de dos tercios de los legisladores presentes.

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