Oleada judicial a militares afectará a gente de Kirchner

Jorge Godoy

C ulminan las licencias y empiezan los juicios. Lo que es válido para el ejercicio laboral de los magistrados también en este caso sirve para definir otra actividad: la militar, ya que, en ese sector, la avalancha de litigios amenaza con ser voluminosa y complicada.

Cerró enero con la revelación del juez español Baltasar Garzón precisando que el gobierno argentino había impedido la comparencia de militares -acusados de tormentos y desapariciones- en tribunales españoles. Hubo aclaraciones del jefe del Gabinete, Alberto Fernández, y la promesa de una carta -insólito- a Garzón para explicarle que esa incomparencia era atribuible al jefe del anterior gobierno español, José María Aznar, responsabilidad que el propio Garzón se encargó de salvar cuando hizo sus irritantes confesiones para la administración Kirchner.

El caso, además, remite a otros: el marino Alfredo Astiz tampoco fue extraditado para su juzgamiento en París. ¿Habrá sido culpa de François Mitterrand?

Febrero avanza con este problema pendiente, su influencia en la política de derechos humanos (¿tal vez sus consecuencias electorales?), y naturalmente, se avecinan otras dificultades judiciales.

Especialmente si, como se afirma, la señora Carmen Argibay -que se incorporó a la Corte con tanta tardanza como si fuera un producto entregado luego del pago de todas las cuotas-es el voto que falta para una mayoría en ese instituto y la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Como se sabe, esos instrumentos fueron sancionados básicamente -en una mayoría del arco político del país- para que los oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas no fueran juzgados (a pesar de la responsabilidad o culpabilidad que pudieron tener en ciertos hechos).

• Comprometidos

Ahora, entonces, si prospera la iniciativa, aquellos jóvenes oficiales de otrora podrán ser comprometidos en la Justicia y en número de miles. No sólo ellos, también hay cámaras que abrieron causas por episodios de violencia (muertes y desapariciones) ocurridas en el mandato constitucional del peronismo, no sólo bajo por los posteriores militares.

Más cantidad de involucrados: una Cámara de La Plata, por ejemplo, analiza 1.500 desapariciones, mientras otros tribunales del interior estudian un episodio del '74, cuando fueron ultimados 19 miembros del ERP luego de que éstos, en apariencia, participaran en el fracasado intento de copamiento a un regimiento en Catamarca.

Si este fenómeno multiplicador de juicios y de acusaciones se desarrolla en el año, seguramente algunos hombres cercanos al presidente Kirchner podrían aparecer en estas nóminas. Al menos, para dar testimonio. Se habla hoy de que Adolfo Scilingo, el marino «arrepentido» que es juzgado en España, ha hecho más de una mención al jefe de la Armada, Jorge Godoy. No se sabe aún si lo ha complicado o no.

También su colega y preferido del mandatario, Roberto Bendini -titular del Ejército-, podría entrar en emergencia: hoy están presos quienes fueron jefes y segundos en Patricios, también acusados otros con entonces menor graduación. Y, ¿no ocurrirá lo mismo con los oficiales que estuvieron en Granaderos?, por ejemplo, donde Bendini se inició entre 1976 y 1978. Ya, para más detalles de conflicto, quien había sido designado como agregado militar en Ecuador perdió ese cargo por imputaciones de presunta participación en anomalías de la década del '70.

Y el revuelo judicial será para un lado y para el otro, ya que hasta se levantará el caso de los familiares desaparecidos del actual embajador en España, Carlos Bettini, alguno de los cuales -se afirma- participaron entonces en la muerte de un oficial de la Armada. Curioso cómo hombres de distintas fracciones intervienen en un mismo gobierno; más curioso será cómo la nulidad de normas desatará conflictos tal vez entre ellos.