Otro juez eludió fallo sobre reforma judicial

Cristina de Kirchner

El juez en lo Contencioso Administrativo Guillermo Rossi se excusó ayer de intervenir en la acción de amparo contra la reforma del Consejo de la Magistratura, que presentó la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA). Es el tercer juez que elude un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de esa ley. Es evidente que ningún juez desea enfrentar al Ejecutivo ni al Legislativo, máxime cuando saben que a partir de octubre el bloque político kirchnerista tendrá el control hegemónico del consejo de jueces y podrá decidir sobre la permanencia de un magistrado en el puesto.

Rossi consideró que, por su condición de juez, era impropio que se expidiera sobre la legitimidad de la reducción de los miembros que, por la elección directa de los magistrados, los representan en la conformación.

Además, consideró que podría interpretarse que le atañe «algún interés especial» en el asunto, cuando se trata de la conformación del organismo encargado de seleccionar a los magistrados y de destituirlos en caso de juicio político.

El argumento del juez es un principio de declaración que cayó muy bien en el resto de sus colegas. Un argumento similar ya había sido utilizado por la jueza Clara Do Pico, quien en los primeros días de marzo declinó intervenir en otra denuncia.

Luego de su excusación, el expediente quedó en manos de la jueza Claudia Rodríguez Vidal, quien no aceptó el apartamiento de su colega, por lo que se trabó un conflicto de competencia que deberá ser dirimido por la Cámara en lo Contencioso administrativo. Hasta que no haya un pronunciamiento de ese tribunal de alzada, los magistrados podrán continuar eludiendo intervenir en el caso del achicamiento del consejo.

El silencio de los jueces en el asunto, sin embargo, puede resultar una complicación para el momento en que haya que convocar a elecciones a consejeros. Esos comicios no pueden ir más allá del mes de julio, si lo que se pretende es comenzar a funcionar con la nueva estructura antes de fin de año.

«Sin un pronunciamiento de la Justicia, los abogados nos veremos obligados a pedir medidas precautorias, como la suspensión o el diferimiento de las elecciones», adelantó ayer a este diario Horacio Acevedo, presidente de la AABA.

Es poco probable que un planteo de ese tenor tenga éxito. Es casi una certeza que el gobierno llamará a elecciones sin tener en cuenta la queja de los abogados. Y si la corporación intenta un vaciamiento, entonces el Ministerio de Justicia podría echar mano a una medida extrema, pero legal: designar por sus propios mediosa los abogados que ocuparán los dos lugaresque la ley Cristina le reservó a la abogacía. «Los jueces están renunciando a ser jueces. Sin un pronunciamiento de la Justicia, se puede llegar a paralizar una de las instituciones del Estado. Si la Constitución establece que la administración del Poder Judicial le corresponde al Consejo de la Magistratura, la ley no se la puede dar a la Corte», remató Acevedo.