Oyarbide manda a la Corte escándalo de autos diplomáticos

Se consideró incompetente el juez Norberto Oyarbide. Será entonces ahora el máximo tribunal el que deba enfrentarse con gobiernos de otros países, si quiere avanzar sobre diplomáticos extranjeros, en la causa por los autos ingresados al país y vendidos de manera ilegal.

Desde Cartagena, Colombia, donde posó con sus colegas para la foto de la Unión de Naciones Sudamericanas, el canciller Jorge Taiana siguió el caso de los autos diplomáticos.

La Corte Suprema será quien tenga que definir una situación inédita en la historia jurídica argentina: si tiene o no facultades para citar a declarar e imputar a diplomáticos extranjeros que poseen inmunidad, por el caso de las irregularidades de automóviles ingresados y comercializados ilegalmente en el país.

En principio, y según lo que menciona específicamente la Convención de Viena de 1961 que reglamenta la tarea de los diplomáticos en el extranjero, el máximo tribunal argentino, que debe atender la aplicación del tratado internacional, no podría enjuiciar a los agentes del exterior. Sin embargo, fuentes del gobierno argentino afirmaban ayer que la Corte Suprema podría avanzar sólo si desde los países de origen de los diplomáticos se accede a levantar la inmunidad de los agentes extranjeros.

Mientras tanto, ayer la Cancillería argentina que maneja Jorge Taiana, pidió a todas las embajadas que operan en el país que «colaboren con la Justicia» local, para avanzar en el tema. El tribunal que maneja Ricardo Lorenzetti será desde hoy el ámbito donde se investigará la responsabilidad que les puede caber a los diplomáticos en este caso. Sin embargo, la Corte deberá resolver antes hasta dónde llegan sus facultades. Será este tribunal el que definirá la cuestión, ante la decisión de ayer del juez federal Norberto Oyarbide de derivar el caso a la Corte luego de corroborar que siete de los embajadores extranjeros mencionados en la causa por la importación irregular continúan en funciones y por lo tanto cuentan con inmunidad diplomática para ser investigados. Estos funcionarios son: Luis Mayra (Chile), Shuri Korchagin (Rusia), Ishtiaq Andraht (Pakistán), Larbi Refouh (Marruecos), Francisco Bustillo Bonasso ( Uruguay), Miryam Torres Segovia (Paraguay), Aramis Fuente Hernández (Cuba). El resto de los diplomáticos investigados podrán luego reclamar la misma decisión: que sean juzgados por la Corte Suprema. En este listado se incluye a los embajadores Anthony Sekudo, de Nigeria; Mohammed Nisar, de Pakistán; Martín Belaúnde Moreyra, de Perú; Ara Aivazian, de Armenia; Arturo Liebres Valdivieso, de Bolivia, y Vadin Lazerco, de Bielorrusia. También alcanzaría a José Rafael Serrano, de Ecuador; Alberto Volonté Berro, de Uruguay y los cónsules Jaime Alejandro Castañeda, de Bolivia y María Elvira Musetti de Uruguay.

En todos los casos, la Corte deberá resolver si efectivamente puede avanzar en alguna acusación, ya que en principio la Convención de Viena de 1961, a la que adhiere la Argentina, prohíbe expresamente investigar sobre los diplomáticos extranjeros. Puntualmente este tratado internacional menciona en el artículo 39 que «la persona del agente diplomático es inviolable. No pude ser objeto de ninguna detención o arresto». En este caso, la letra de la Convención protege de cualquier tipo de privación de la libertad de los agentes, cualquiera sea el potencial delito que haya cometido o de lo que se lo acuse.

Luego, en el artículo 13, se habla expresamente sobre que el «agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor» y de «inmunidad civil y administrativa» con alguna excepción. En este caso se habla, en el inciso c) «sobre cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor fuera de sus funciones oficiales». Sólo una interpretación de la Corte que suponga que la colocación de automóvilescon chapa diplomáticade manera irregular equivale a una actividad comercial privada, algo muy difícil de probar, podría derivar en una acusación por la violación de este artículo.

Posibilidad

Finalmente, la esperanza más firme para poder avanzar sobre los agentes extranjeros en este caso, está en el artículo 32 de la Convención, donde se especifica que «el estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción de sus agentes diplomáticos». Esto quiere decir que el país de origen puede levantar la inmunidad, o que la propia persona renuncie expresamente a ella. En concreto, la Corte debería pedir a algunos de los países que enviaron al diplomático o a la propia persona que renuncie a su inmunidad para que pueda ser investigado. Luego, debería efectuar una segunda renuncia para que se le pueda aplicar el fallo, ya que el inciso 4 del artículo 32 habla de que «la renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las acciones civiles o administrativas no ha de entenderse que entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo cual será necesaria una nueva renuncia». Lo que podría definir también que al menos parte de la causa vuelva al juzgado de Oyarbide, en la acusación contra el posible delito de los funcionarios de la Cancillería

Ante este panorama, el canciller Jorge Taiana garantizó la inmunidad de los funcionarios extranjeros, a través de un documento oficial que fue entregado en todas las representaciones diplomáticas del país; pero pidió «colaboración con la Justicia». El encargado de entregar la circular fue el vicecanciller Roberto García Moritán al nuncio apostólico, Adriano Bernardini, (en su carácter de decano diplomático por ser el funcionario más antiguo en el país con ese cargo), en un acto al que fue citado el viernes pasado al Palacio San Martín. Bernardini comenzó a distribuir ayer la circular en las embajadas en Buenos Aires, comenzando por las que estaban más involucradas en el hecho.

En la nota la Cancillería aclaró además que en principio, los primeros en ser investigados serán funcionarios argentinos de ese ministerio, que obviamente no gozan de inmunidad.

Hay que aclarar además que la causa local por la comercialización de estos automóviles dentro del territorio argentino, y la existencia de un eventual delito de contrabando, continuará su marcha hasta el 1 de febrero en el tribunal penal económico de Marcelo Aguinsky. Esta investigación busca detectar la operación ilegal caso por caso y sus responsables locales, y derivará en el remate de las unidades en las que se detecte el problema, avance o no la Corte en la cuestión de los diplomáticos extranjeros.