Pospone la Corte fallo dolarizador

La Corte Suprema de Justicia postergará el fallo que estaba previsto para mañana para redolarizar el depósito de un ahorrista particular. Con ese gesto intenta poner paños fríos a la dura lucha política que quedó abierta la semana pasada cuando el presidente Néstor Kirchner embistió contra el alto tribunal y exhortó al Congreso a avanzar en el juicio político contra Julio Nazareno. Aunque ya hay cinco votos a favor de la redolarización, los jueces no votarán mañana el reclamo de Arturo Lema, un caso testigo que abriría las puertas para que cientos de ahorristas reclamen la restitución de los depósitos en dólares que fueron pesificados por Eduardo Duhalde.

La Corte Suprema de Justicia negocia en estas horas dilatar un fallo redolarizador de los depósitos de los ahorristas, para evitar que una definición de esta naturaleza pueda ser entendida como un planteo de guerra entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Por lo menos, hasta ayer era ésa la intención de la llamada «mayoría automática».

«Hay que diluir en la locura una gota de prudencia», proverbiaba ayer uno de los jueces del alto tribunal para explicar la abstención de buena parte los integrantes de la Corte de ingresar en el peligroso terreno de una confrontación directa con el gobierno de Néstor Kirchner.

El tribunal tenía previsto tratar y votar mañana el denominado caso Lema, en el que Armando Lema reclama la devolución de 22.800 dólares atrapados por el «corralón» en bancos de la provincia de Córdoba. Pero no lo hará para no acrecentar las fuertes diferencias que mantiene con el Ejecutivo.

• Disparador

Este «leading case» serviría como el disparador que active el reclamo de cientos de particulares a favor de la redolarización de sus depósitos pesificados de manera compulsiva por el Decreto 214/02 del gobierno de Eduardo Duhalde.

El borrador que giró en la última semana por el despacho de los jueces proponía seguir el mismo criterio que el fallo dictado el pasado 5 de marzo, cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de la pesificación y le ordenó al Banco Nación devolver a San Luis los 247 millones de dólares.

Además, otorgó un plazo de 60 días para que ahorristas y banco se sentaran a negociar y acordar un mecanismo de restitución de los depósitos de manera amigable. Si no se llegaba a un acuerdo, el caso volvía a la Corte, y entonces sí definía la cuestión.

A favor de esta postura estarían el presidente de la Corte, Julio Nazareno, y los vocales Eduardo Moliné O' Connor, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Carlos Fayt. En disidencia -igual que lo hicieron en el caso San Luis- votarían Antonio Boggiano, Augusto Belluscio y Juan Carlos Maqueda. No vota Enrique Petracchi, que se excusó de intervenir en los casos del «corralito» y el «corralón».

Claro que antes, y por norma, tiene que emitir un dictamen el procurador general, Nicolás Becerra, que la semana pasada fue convocado de urgencia para dar su opinión ( algo atípico: en seis años Becerra sólo dos veces debió producir a contrarreloj un dictamen jurídico). Pese al apremio de los jueces, el viernes último Becerra recibió el pedido de vista y le dedicó al tema el fin de semana. Ayer terminó de redactar su opinión, que no es vinculante.

La postura del procurador (que mañana no acudirá a la reunión de la Corte porque tiene un encuentro con el procurador de Uruguay) no coincide plenamente con el voto de la mayoría de los miembros del tribunal. Como antes dijo en el caso San Luis, mantiene su postura de devolver dólares al que depósito dólares; dirá que muchas normas violentaron el derecho de la propiedad, pero se mostraría en desacuerdo con la opinión de dejar que sea la Justicia la que negocie los mecanismos de devolución de depósitos. Considera que eso lo debe resolver el Ejecutivo o el Congreso a través de una ley, porque se trata de un situación de «emergencia».

Más que el tironeo político, un fallo redolarizador de la Corte no tendría demasiado impacto sobre la economía del país, como sí pudo haberlo tenido en diciembre de 2002. Esto pese a que a partir del momento en que se conozca la decisión de la Corte, las sentencias que favorezcan a los ahorristas será ejecutadas por los jueces de primera instancia, que -ya se sabe- son expeditivos en este tipo de planteos.

Una cuestión que ha reducido las posibilidades de una hecatombe (como muchos prenuncian) es que en realidad hoy los bancos les están ofreciendo a los ahorristas devolverles hasta 90% de su dinero y que desistan de los amparos.

• Compromiso

Desde la implementación de la reprogramación de los depósitos atrapados en el sistema financiero (el 8 de abril de este año), 51% de los ahorristas que estaba en condiciones de aceptar la propuesta del gobierno, a través de los CEDRO, salió del «corralón». Ese porcentaje representó 7.800 millones de pesos. Hoy los bancos están en mejores condiciones que en aquel «diciembre negro». Incluso, existe el compromiso del gobierno de otorgarles a los bancos 20 mil millones para compensarlos por la pesificación asimétrica (diferencia entre recuperar créditos a $ 1 y abonar depósitos a 1,40 + CER).

Pero, además, y si se acude a las estadísticas, se podrá observar que en mayo de 2002 se presentaron ante la Justicia 3.720 recursos de amparo contra el «corralón». Este año, y en el mismo período, ese número de presentaciones judiciales sólo alcanzó las 793, decreció 78,68%. Es decir, había 469% más de causas que hoy.

• Poco probable

Otro dato: las causas de inconstitucionalidad de la pesificación iniciadas desde mayo hasta diciembre del año pasado llegaron a 3.549, y en lo que va del año hay 909 causas.

El mes pasado los bancos debieron desembolsar un monto total de pagos en concepto de medidas cautelares que osciló en los 450 millones, cifra muy similar a la que venía registrándose desde comienzos de este año, luego de finalizada la feria judicial. Pero, además, si se tienen en cuenta las estadísticas oficiales de los bancos, a abril de 2002 hubo 28.424 casos, mientras que en el mismo mes de este año esa cifra alcanzó los 7.436.

Como dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, es poco probable que se produzca un « colapso económico» por un fallo de la Corte.