Por la declaración de un ex juez se conoció que un llamado del ex presidente Eduardo Duhalde congeló durante dos años un fallo sobre la pesificación. Ayer, Néstor Kirchner aceleró los tiempos de la Corte Suprema al reclamar una resolución sobre la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ese expediente está desde el año pasado en la Cámara de Casación, que deberá expedirse sobre su validez o ilegalidad, pero será el tribunal supremo quien tenga la última palabra.
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Un indicio del criterio que adoptará la Corte se puede obtener de un reciente fallo donde se declaró imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. Fue al confirmar la condena a prisión perpetua del ex agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, acusado del asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en 1974 en Buenos Aires.
Otra señal surge al repasar la composición del tribunal. Una jueza, Carmen Argibay, que viene del Tribunal Penal de La Haya que juzgó los crímenes de la ex Yugoslavia.-Un penalista antimilitar como Eugenio Zaffaroni. Un ex senador como Juan Carlos Maqueda, lanzado a la cúspide de la Justicia por el gobierno de Duhalde. Dos jueces supremos designados por la actual administración y el presidente del tribunal.
En el Palacio de Justicia se reconoce que ya existen los cinco votos para respaldar la decisión que tomó el Congreso, cuando anuló las denominadas «leyes del perdón». Sólo falta pulir la escritura.
• Controversia
El antecedente más cercano es el fallo de la Cámara Federal (los jueces Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani) que validó la ley que anuló la Obediencia Debida y el Punto Final. Pero, también, existe uno que ratificó la vigencia de esas leyes que fue firmado por la Cámara Federal de San Martín.
Ayer, Kirchner apuró una definición sobre el espinoso tema. Lo hizo desde la Casa Rosada al entregar las carpetas de la SIDE con documentos del caso AMIA. En ese acto sostuvo que la denegatoria de Justicia tiene sus antecedentes y que el caso de impunidad en la AMIA y en el atentado a la embajada «no es una casualidad».
« Sino se podía a veces ni sacar solicitadas en los diarios pidiendo por quienes no estaban, por quienes estaban desaparecidos o por quienes estaban injustamente detenidos, por las cosas que pasaban y sucedían, no sólo durante el Proceso militar, si todavía hoy tenemos miles y miles de casos de denegatoria de Justicia real hasta tanto no se resuelva la constitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final, hay impunes que caminan en las calles con nosotros.»
Según el Presidente, la construcción de este tipo de leyes y episodios fue una salida política para generar «la menor crisis institucional» y «preservar el funcionamiento institucional de cualquier manera» que terminaron «en una situación que es una vergüenza nacional».
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