Proponen nuevo Código Penal con penas más duras

Eugenio Zaffaroni

Una comisión de juristas someterá desde hoy y hasta el 15 de agosto a consulta pública un anteproyecto de reforma del Código Penal que contempla la introducción de modificaciones de su articulado. La propuesta incluye un ajuste en el monto de las condenas máximas y mínimas proporcional al delito y la incorporación de figuras ausentes, como los delitos de lesa humanidad, contra el medioambiente, económicos y contra los derechos de los trabajadores. La última reforma integral al Código Penal la realizó en 1960 el entonces procurador general de la Nación Sebastián Soler.

Según los autores, la reforma persigue como objetivo darles «efectividad a las sanciones» penales y depurar la tipificación de los delitos: «Implica suministrarle proporcionalidad a la escala penal».

El anteproyecto, que deberá pasar el examen popular antes de llegar al Congreso (antes de su sanción definitiva), adecua el plexo normativo a leyes internacionales y, particularmente, a lo relacionado con la vigencia de los derechos humanos.

Desde el comienzo se observa un cambio conceptual respecto del actual: en primer capítulo del código hoy vigente está encabezado por la tipificación de «Delitos contra las personas».

Ahora será reemplazado por «Delitos contra la humanidad».

Leyes especiales

Incorpora, a su vez, leyes especiales, como delitos de lesa humanidad (genocidio, desaparición forzada de personas); el acoso sexual (como una variante de coacción agravada); y de resguardo de fuentes laborales ante casos de vaciamiento de empresas.

También unifica los fundamentos de la Parte General y la Especial. Desde la época de su sanción en 1922 hasta 2004, el Código Penal fue objeto de múltiplesmodificaciones que implicaronla introducción de 878 reformas de su articulado: 137 cambios fueron en la Parte General y 741 en su Parte Especial.

La última «reforma» que se le hizo al Código Penal fue una enmienda introducida por el Parlamento en diciembre pasado y promulgada por el Ejecutivo el 10 de enero último, en pleno receso judicial de verano. Allí se obliga a los jueces a tramitar las causas más rápidamente para que no prescriban y busca asegurar el derecho de todo imputado a que el juicio se realice en un plazo razonable. Por esa modificación, 31 acusados de estafa fueron beneficiados y se desactivaron varias causas de corrupción. Tan pésima e improvisada fue que un garantista como Eugenio Zaffaroni arriesgó a comentar que «lo mejor que se puede hacer es no modificar más el Código Penal».

Está establecido que se invite a entidades representativas vinculadas al tema penal a opinar y presentar propuestas. La comisión será la encargada de evaluar las propuestas y la conveniencia de modificar o no el documento, luego de lo cual la entregará al ministro de Justicia, Alberto Iribarne.

La comisión actualmente está formada por David Baigún, Raúl Ochoa, Carlos Chiara Díaz, Guillermo Yacobucci, Edmundo Hendler, Daniel Erbetta, Alejandro Tizón, Gustavo Raúl Ferreyra.