La feria judicial no ha sido impedimento para que la Justicia avance en el procesamiento de militares acusados de haber participado en la represión durante los gobiernos de facto. Las últimas diligencias emprendidas por el juez federal Sergio Torres parecen seguir la delgada línea que vincula el interés político de Néstor Kirchner con la necesidad de proveer justicia en materia de derechos humanos.
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El magistrado tiene dos casos de ex represores de indudable repercusión política para sumar a la megacausa ESMA. Aguarda que la Legislatura fueguina resuelva el desafuero del ex cabo de la marina Juan Barrionuevo -diputado peronista electo el 22 de junio pasado-para ordenar su detención y también evalúa, con menos entusiasmo, la solicitud de "autoextradición" que giró el capitán de cor-beta retirado Ricardo Cavallo desde España para ser juzgado en la Argentina.
La celeridad del juez Torres en incluir a "Jeringa" Barrionuevo, amigo personal del gobernador fueguino saliente, Carlos Manfredotti (PJ), como imputado en el expediente de la ESMA no alcanzó, sin embargo, al escrito de autoextradición del marino Cavallo.
El caso del enfermero-diputado del PJ, Barrionuevo, salió a la luz por una operación de prensa justo a días de la jura y asunción del nuevo legislador, alineado con Manfredotti. El mandatario fueguino saliente y sus seguidores del peronismo en la isla tienen para la óptica del gobierno nacional el estigma de haber pertenecido a la cultura política de los '90. Con el procesamiento del nonato diputado Barrionuevo se cumple con un precepto de la cosmovisión kirchnerista: no hay lugar en la política para sospechados de haber actuado en los años de plomo.
• Solicitud
El juez Torres recibió el 24 de noviembre de 2003 un documento del marino Cavallo, a través de su apoderado, en el que solicita comparecer ante los tribunales argentinos para responder de sus acciones, peticiona se pida su propia extradición al país o la inhibitoria del magistrado español Baltasar Garzón. El escrito de 6 carillas, con los sellos de legitimación y legalización del Consejo General del Notariado español, no se movió un centímetro más allá de la mesa de entradas y del conocimiento del juez.
Cavallo, actualmente preso en la cárcel Soto del Real en Madrid, fue procesado por el juez Garzón, luego de un procedimiento de detención en México con visos de irregularidad, por los mismos hechos que aquí se investigan en el marco de la causa ESMA que lleva adelante Torres.
Tampoco se dio vista al fiscal Eduardo Taiano, quien la se-mana pasada pidió en un extenso documento de 250 fojas que se debata en juicio oral la acusación de " tormentos agravados", cometidos por responsables e integrantes del grupo de tareas que funcionaba en la ESMA.
Testimonios de ex detenidos vertidos en la causa de Garzón señalan al capitán Ricardo Cavallo como uno de sus miembros activos que circuló con el nombre de guerra "Sérpico". En los tribunales federales se dice que no están dadas las condiciones políticas para traer a Cavallo y se especula con la pronta integración de la Corte Suprema y el fallo de los ministros que invalide las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El gobierno aún no dio a conocer el postulante para ocupar el cargo de Eduardo Moliné O'Connor, ex vicepresidente del máximo tribunal, que fue destituido el 3 de diciembre pasado por el Congreso, luego de un proceso de juicio político. El fallo de la Corte que eventualmente declare la invalidez de las leyes del perdón tendría efectos muy concretos: vendría a respaldar distintas causas abiertas en instancias inferiores en las que fueron procesados y detenidos militares y ex oficiales, permitiría el planteo de inhibitoria a la Justicia española para juzgar a Cavallo en el país y rechazar los pedidos de extradición formulados por varios países europeos pues cae el argumento de que aquí no se los puede juzgar.
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