Rechazarían la extradición de Astiz

Dos complicados temas se conocieron ayer sobre la resurrección de las causas por derechos humanos. Por un lado, trascendió que la Cancillería le envió un informe al gobierno francés por el cual -se explica- resulta imposible conceder la extradición del ex marino Alfredo Astiz. Se ampara en que esta demanda ya fue rechazada antaño y, por otra parte, como ahora Astiz es un civil, la cuestión no tendría la misma sencillez que si mantuviera su estado militar. Frente a eso, con los franceses habría otro problema: como varios generales del Proceso han confesado que fueron instruidos y aconsejados por colegas uniformados franceses (también por norteamericanos) para reducir y exterminar la guerrilla con una metodología hoy enjuiciada, algunos jueces locales van a demandar la extradición de esos asesores (cuya identificación ya fue revelada), lo que ha puesto nerviosa a la Cancillería.

Néstor Kirchner no ha convencido a los militares de que la revisión del pasado no es contra las Fuerzas Armadas. Las acciones de la Justicia sobre hechos ya juzgados activan las filas castrenses en niveles que nunca tuvieron participación ni conocimiento de la denominada guerra sucia. Ahora, el gobierno acelera los tiempos para lograr la extradición de Alfredo Astiz, cuando se debate la participación de Francia como instructor de procedimientos -desapariciones y torturas- que son justamente los que determinaron el pedido de extradición de la Justicia francesa.

Los diplomáticos que habitan el palacio Ortiz Basualdo, sede de la embajada francesa, fueron sorprendidos por las declaraciones de los generales franceses y las de los criollos ratificando la transferencia de controvertidos métodos de lucha antiguerrillera durante el conflicto de Argelia. Y esbozaron teorías vinculando al caso Astiz, es que para la opinión pública internacional sería una burla que Francia detuviese a un ex marino extranjero por los mismos delitos que se les atribuyen a veteranos generales franceses, algunos de ellos condecorados por esas acciones de combate. El ex marino fue juzgado en marzo de 1990 acusado de la desaparición de dos monjas, y tras la realización de un juicio en ausencia, se lo condenó a cadena perpetua, una medida que le impide salir del país, ya que Interpol tiene pedida su captura internacional. La responsabilidad de impulsar el caso Astiz tocó por función al canciller Rafael Antonio Bielsa, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que recibe los pedidos de extradición y la Dirección de Asuntos Jurídicos se encarga de darle el primer encuadre conforme a derecho al problema.

Kirchner podría ver frustrada la oportunidad de enviar un caso emblemático para que lo resuelva la Justicia francesa. Hay fundamentos de peso que obran precisamente en informes de la Cancillería. Mariano Maciel, director de Asuntos Jurídicos, elevó el 21 de agosto pasado a Bielsa el informe con la opinión jurídica acerca del pedido formulado por Francia a principios de agosto luego de que Kirchner anulara el decreto de territorialidad firmado por Fernando de la Rúa.

En el punto 4 del informe al que este diario tuvo acceso exclusivo, el jurista advierte que la Cancillería ya se pronunció de manera negativa: «...el 13 de julio de 2001 la embajada de Francia presentó un requerimiento de extradición de Alfredo Ignacio Astiz por los mismos hechos y delitos que motivan la presente solicitud. Dicho pedido se fundamentaba en la misma sentencia de condena a reclusión perpetua dictada en rebeldía, de fecha 16 de marzo de 1990. En aquella oportunidad, y luego de profundos análisis efectuados por parte de los organismos competentes de este Ministerio, se decidió mediante la Resolución Ministerial Nº 2.584 del 9 de agosto de 2001: Recházase el pedido de extradición del ciudadano argentino Alfredo Astiz, formulado por el fiscal general de la Corte de Apelaciones de París para cumplir la condena en rebeldía dictada el 16 de marzo de 1990...». Y continúa con un párrafo que cierra la puerta a la nueva pretensión francesa: cabe señalar que el artículo 37 de la Ley 24.767 (de Cooperación Internacional en Materia Penal y Extradición) dispone: «...Decidida definitivamente la solicitud de extradición, no se dará curso a ningún pedido nuevo basado en el mismo hecho». En los análisis políticos del asunto, casi siempre a cargo del jefe de Gabinete, Eduardo Valdez, un neuquino y amigo del Presidente se considera que la posibilidad de cumplir con el pedido de Francia no producirá ningún efecto en la marina porque Astiz es civil.

Fue dado de baja en 1998 por orden de Carlos Menem, luego de un sumario, por hacer declaraciones periodísticas que se consideraron una apología del crimen. Sin embargo, otras voces diplomáticas tomaron en cuenta que durante la detención dispuesta por el juez Rodolfo Canicoba Corral, el ex marino estuvo alojado en la base naval de Río Santiago, un dato que exhibe cuanto menos la solidaridad de sus pares y de sus superiores en la Armada. El secretario de Asuntos Militares, Julián Domínguez, recibió una definición muy precisa de altas autoridades navales acerca del impacto que causaría la extradición del ex marino. Como todo en materia judicial se interpreta de acuerdo con la política, la Cancillería se amparó en el decreto Nº 420 por el cual Kirchner dispuso la obligatoriedad de dar trámite judicial a todos los requerimientos del extranjero y giró el pedido de Francia a Nicolás Becerra, procurador general de la Nación. De allí pasaría a Alcindo Alvarez Canale, juez federal de Bahía Blanca que ya tuvo intervención en anteriores requerimientos de Francia por Astiz.

En relación con el caso Astiz, a mediados de 1995, el entonces jefe de la Armada, almirante Enrique Molina Pico, protagonizó un forcejeo diplomático con los hombres de la Embajada francesa. Las declaraciones de Molina Pico sobre las «condiciones morales» del marino para aspirar a un ascenso «retrasaron» la invitación que el embajador Renaud Vignal debía enviarle para festejar el 206º aniversario de la Revolución Francesa en el marco de la Ley Nº 24.767.