Redoblan jueces resistencia a plan de seguridad de Béliz

El nervio central del Poder Judicial decidió confrontarcon el gobierno y no enredar en esa pelea (que se anticipa feroz) a Juan Carlos Blumberg. Jueces y empleados han comenzado a sentir la misma presión que, en su momento, la administración Kirchner lanzó contra la Corte Suprema. Pero, esta vez, al golpe contra el Poder Judicial le ponen nombre y apellido: Gustavo Béliz. Y, ahora, apuntan al ministro de Seguridad y Justicia que, pese a su cargo, todavía no ha puesto un pie en Tribunales.

Para los jueces, el Plan de Seguridad y Justicia de Béliz es un programa de acción para la Capital Federal con la ambición de alcanzar categoría de nacional. Esconde, según ellos además, los deseos frustrados del ministro de licuar el fuero federal y terminar con algunos jueces que siempre le resultaron antipáticos («la servilleta de los '90").

• Cátedra

No fue casual, entonces, que la mayor dureza de las críticas proviniera de los camaristas federales porteños que se animaron hasta calificar de inconstitucional la reforma que diseñó el gobierno. Tampoco lo fue que dieran cátedra sobre la inconveniencia de acumular jurisdicciones porque, en definitiva, no resuelve el problema de fondo que es la necesidad de una mejor distribución de los recursos en el ámbito judicial.

Béliz en su respuesta calificó de «corporativa» la reacción de los jueces, pero utilizó el mismo método para defender su plan con toda la troupe del gabinete. Alberto Fernández fue quien con más agudeza salió en defensa del golpeado ministro: «El fuero federal, tal como está constituido, es una suerte de fuero de privilegio porque sólo opera cuando hay funcionarios de por medio», se despachó.

A la rebelión de jueces hay que sumarle a los empleados que (aunque se consideraron respetuosos de los reclamos de Blumberg) quieren que se les paguen como extra las horas que trabajan por fuera de su horario habitual. Ayer, los jueces de la Corte Suprema hicieron un primer abordaje del petitorio de Blumberg, pero en rigor ésta es una materia que debe resolver el Consejo de la Magistratura.

Pero si hay un ministro que conoce de la resistencia que genera cualquier cambio (en especial el de horario) es el juez supremo Adolfo Vázquez.

Cuando propuso una reforma administrativay una modernización con la consiguiente desregulación de tareas y funciones y una jornada laboral de 8 horas, los empleados poco menos lo linchan.

La propuesta la hizo en abril de 1999, donde señaló lo anacrónica que resultaba una jornada laboral de seis horas ya que de ningún modo se adecuaba a las necesidades de ese momento. Incluso detalló que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideraba como subempleadas a todas las personas cuya relación laboral no alcanza su nivel de «pleno empleo». Esto es, que trabajan habitualmente menos de 35 horas semanales, cosa que ocurre si se contabiliza la jornada normal de los Tribunales en general,es decir, de 7.30 a 13.30. «Seis horas diarias por cinco días suma 30 horas semanales», dijo esa vez el ministro.

Cuando se conoció que la Corte analizaba este tema, Vázquez fue querellado por Julio Piumato, dómine del gremio de los judiciales. De este episodio -y del recortado presupuesto para el funcionamiento de la Justicia-se enteró Blumberg la semana pasada, cuando pisó el despacho del ministro de la Corte. De allí se llevó una copia de la Acordada 4643 en la que Vázquez resaltaba que no existía ninguna resolución que dispusiera la imposibilidad de acceder a los registros de la Corte y, además, propugnaba que las autoridades del Tribunal tuvieran un año de mandato y no fueran reelegidos, como sucede en Brasil, México, Uruguay y Chile.

Por lo pronto, la Federación Judicial Argentina (FJA) levantó la voz y opinó que el plan de seguridad anunciado por el gobierno y las medidas propiciadas por la cruzada por Axel contienen iniciativas que afectan la estructura del sistema y los derechos.

Para los judiciales -gremio que está dispuesto a resistir y dar batalla-las disposiciones de Béliz se tratan de «una mera maniobra para hacer pasar remanidas medidas reaccionarias que ya demostraron muchas veces su fracaso».