Reforma: Justicia saldrá a controlar a jueces lentos

Es un dato aterrador: en la provincia de Buenos Aires, donde se cometen siete asesinatos cada 24 horas, una causa judicial puede deambular 14 años por los juzgados antes de recibir una sentencia definitiva.

Actualmente en la Suprema Corte de Justicia provincial hay casi 4.000 causas penales que, si se proyecta el promedio de fallos que ese tribunal emitió en los últimos años, pasará al menos media década antes que sean resueltas.

Un motivo, no el único, es la poco laboriosa actitud atribuida a algunos magistrados. Ante ese escenario, en la provincia se perfila una reforma inédita: los jueces «lentos» podrán ser sometidos a jury y expulsados de la Justicia.

Esa propuesta, que el gobierno de Felipe Solá tiene decidido llevar adelante, fue arrimada desde el propio ámbito judicial: la elaboró un grupo de magistrados, fiscales, defensores, camaristas y especialistas en derecho.

• Otra reforma

No es una medida aislada. En el paquete de retoques sugeridos se destaca otra reforma clave -conexa al enjuiciamiento-que pretende agudizar el control sobre la tarea de los jueces para detectar y sancionar la ineficiencia.

Antes habrá que avanzar sobre varios puntos sensibles: hoy por hoy, la Ley de Enjuiciamiento -la 8.085-, establece que para que un magistrado sea juzgado debe cometer una falta «muy grave».

El proyecto propone flexibilizar esa norma -modificando el artículo 21- para que ante sanciones o advertencias «reiteradas» por demora en la resolución de causas o no concurrencia a su juzgado, pueda ser enjuiciado.

En ambos casos, tanto el control de la labor de los magistrados como el posible pedido de jury, surgirá del ámbito judicial:

• De la Corte depende una oficina de Control de Gestión cuyas facultades serán ampliadas: podrá recorrer los juzgados para supervisar el nivel de efectividad de cada magistrado.

• Si se comprueban faltas reiteradas, el procurador general de la Corte podrá solicitar que el juez sea sometido a juicio y, eventualmente, removido de su cargo.

En diálogo con este diario, el ministro de Justicia bonaerense, Alfredo Meckievi, marcó ayer la postura oficial: «No amenazamos a los jueces pero si en un distrito un juez emite 5 sentencias por semana y otro emite 50, evidentemente algo anda mal».

Meckievi aportó otro indicador que refleja la pereza judicial: «De los 18.400 presos que hay en las cárceles de la provincia sólo 2.000 tienen condena».

-¿Cómo se explica eso? -se le preguntó.

-Puede ser por falta de elementos, de personal, porque se han ido acumulando las causas. No podemos prejuzgar y decir que la culpa es de los jueces o de las leyes.

-¿No es una mirada romántica creer que no hay culpa de los jueces?

-Hay de todo: conozco jueces que trabajan 14 horas por día. Y hay otros que aparecen por el juzgado a las 10 de la mañana, al mediodía salen a almorzar y ya no vuelven. Pero igual creo que la mayoría trabaja, y mucho.

Pero la propuesta -que deberá ser votada en el Parlamentono se agota en esas reformas: también avanza con propuestas para agilizar el trámite judicial, sobre todo en el fuero penal, básicamente otorgando mayor protagonismo a los fiscales.

• Principio de oportunidad. En delitos de menor cuantía como amenazas, el fiscal podría -con aval de la víctima-suspender el trámite judicial. Y desechar denuncias menores cuando sobre el imputado pesen otras acusaciones de peso.

• Apelación. Los recursos de nulidad y las apelaciones deberían efectuarse en una sola instancia para evitar que, como estrategia para demorar el juicio, al defensa apele y pida nulidades reiteradamente.

• Mediación. El fiscal podría, en casos menores, actuar como mediador entre las partes para evitar que la causa avance en instancias cuando puede resolverse vía «negociación».

• Elevación. Para acortar las instancias, el fiscal elevaría a juicio directamente a la Cámara de Apelación no, como ahora, al juez de Garantías. En este instancia siempre una de las partes apela la decisión.

El grupo que redactó las propuestas está supervisado por el subsecretario de Justicia, Carlos Martiarena, e integrado, entre otros, por el fiscal Luis Chichizola, el camarista Martín Moreno, el defensor General Omar Ozafraín, el juez Martín Arias Duval y especialista penal Héctor Granillo Fernández.

Ese informe está siendo evaluado por la Mesa de Concertación Judicial donde están representados el gobierno, la Justicia, los colegios de Abogados y Magistrados, y los empleados.