Renunció Liporaci, el juez que investigaba a senadores

El juez federal Carlos Liporaci presentó ayer su renuncia al cargo después de encontrarse suspendido por el Consejo de la Magistratura y ante la inminencia de enfrentar un juicio político. El ex juez entregó su dimisión en sobre cerrado al ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, pero la nota está dirigida a su hermano Fernando, en su calidad de presidente de la Nación y responsable último de la designación de los magistrados. En sus fundamentos, Liporaci explica que sólo quiere someterse al juzgamiento de su juez natural y por lo tanto no acepta el enjuiciamiento de un órgano político a quien acusó anteriormente de (supuesta) violación a su derecho de defensa.

El alejamiento de Liporaci abre el camino para que se vayan otros jueces federales -como anticipó este diario a comienzos de febrero pasadopese a las ambivalentes desmentidas de que algunos de ellos no se alejarían. El próximo en renunciar será Adolfo Bagnasco, aunque todavía no fijó fecha y hora pero ya ultima todos los preparativos para dejar su cargo hasta el punto de haberle pedido a la Corte que le audite el juzgado, una medida inusual que causó cierto malestar en algunos de los máximos jueces. Un paso similar dio ayer Gustavo Literas, quien -si bien desmintió su renuncia-tiene decidido ir a trabajar al mismo estudio jurídico que Bagnasco: el del ex juez de la Corte Mariano Cavagna Martínez.

Liporaci fue suspendido en sus funciones por el Consejo de la Magistratura el pasado 14 de febrero. La Comisión de Acusación, primero, y el plenario del cuerpo, después, acusaron al ex juez ante el Jury de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño en forma unánime. Esa figura esconde el reproche por los fondos que usó para comprar una casa. Esa contundencia en la votación aplastó el ánimo del renunciante, quien previó un destino similar en el Jurado, lo que lo expondría aun más al escarnio, por eso decidió alejarse del cargo sin dar la pelea en el Consejo. Liporaci supone que salido del centro de la escena política podrá defenderse con menos presión ante el juez federal Gabriel Cavallo, quien delegó ante el fiscal Pablo Recchini la instrucción de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

La compra de una casa en Vicente López por cifras que varían entre $ 610.000 (versión del ex juez) y más de un millón de pesos (versión de sus denunciantes) fue el escándalo que desató la investigación. Sin embargo, Liporaci cree que su suspensión y enjuiciamiento se debió a que tuvo que investigar a los senadores, a un ex ministro y a un ex jefe de la central de inteligencia del gobierno.

Sin embargo, por su juzgado pasaron muchas causas en las que la política avasalló a los estrados judiciales. Todavía permanece inconclusa una investigación por un supuesto pago de coimas en otro negociado informático: fue el servicio de recaudación previsional que la DGI contrató con IBM por $ 512 millones, lo que desató en su momento un escándalo parecido al de Banco Nación-IBM, donde se descubrieron coimas por $ 21 millones.

Familia judicial

Liporaci juró como juez federal el 23 de junio de 1993 y pese a las versiones de que perteneció a un grupo de jueces afines al anterior gobierno -»la servilleta de Corach» descerrajó el ex ministro Domingo Cavallo pero nunca pudo aportar la prueba que acreditara tamaña afirmación-, Liporaci forma parte de la familia judicial y llegó a juez después de haber superado escalones menores de la carrera.

Otros casos que colocaron a Liporaci en medio de la tormenta política y mediática fueron los siguientes: haber levantado una orden de captura contra el ex banquero Raúl Moneta -en un interregno en que reemplazaba a Gustavo Literas después que la Corte le quitó la jurisdicción al juez federal de Mendoza, Luis Leiva; haber dictado la falta de mérito a favor de Víctor Alderete, ex interventor en el PAMI -hoy preso por Bagnasco-por presunta sustracción de documentos públicos, y por la supuesta inercia en la investigación de denuncias contra la privatización de los aeropuertos, la instalación de un sistema de radares -licitación anulada y reabierta por el actual gobierno-, supuesto vaciamiento de «ATC» y la construcción de la represa argentino-paraguaya de Yacyretá.

Ahora -en el caso de que De la Rúa acepte su renuncia y no existen antecedentes para que no lo haga-, la suerte procesal de Liporaci quedará en manos de Cavallo, un juez que llegó al cargo por designación del anterior gobierno.

Hoy, Cavallo se encuentra en cuarto lugar en la calificación para llegar a ser camarista federal y tiene en sus manos, además del destino de Liporaci, la continuidad de la investigación sobre la supuestas coimas en el Senado y el análisis de la constitucionalidad o no de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Carlos Liporaci inició un éxodo judicial.