Reyerta graciosa y judicial con militares presos

Como desopilante podría definirse el intercambio de cartas, denuncias y querellas que se han cruzado un notorio abogado (Florencio Varela), un juez (Claudio Bonadío) y el secretario del Ejército (general Daniel Reimundes). El término no parece el más correcto porque involucra también a militares sospechados, condenados, disculpados, procesados y en prisión (alrededor de 50). Aun así, las características del tráfico epistolar y judicial reconocen aristas de humor y diversa complejidad.

Todo empieza al culminar el año pasado, cuando Varela se entera de que tres oficiales por él defendidos a instancias de la jefatura militar (coronel Guerrieri, teniente coronel Pereiro y capitán Pelejero) son habilitados por el juez Bonadío para que pasen las Fiestas en sus respectivas casas bajo arresto domiciliario. El abogado no había reclamado ese permiso y, según le explicaron, fue obtenido sin saberlo él del magistrado gracias a una gestión del Ejército iniciada por Reimundes (e instrumentada por un oficial de menor jerarquía llamado Locatelli). El waiver judicial aparentemente se trasladó a unos militares detenidos -y no a otros- que, como se sabe, están presos debido a que el juez Bonadío en su momento dictó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final.

Hasta allí, el principio del episodio. Varela, el letrado, quiso interiorizarse de las razones por las cuales Bonadío otorgó esa gracia a sus defendidos. Mucho más cuando el generoso permiso se extendió luego de las Fiestas y contempló el mes de enero completo. Episodio que, al margen de la sorpresa, perdió discreción cuando «Página/12» publicó que otro de los militares implicados en la misma causa (el abatimiento del último grupo Montonero que regresó a la Argentina con voluntad de violencia), de apellido Tepedino, estaba en su casa y en ocasiones salía a pasear el perro. Por entonces, debido a la feria judicial, Varela no pudo obtener respuesta sobre la actitud del juez, más precisamente sobre el fondo jurídico que avalaba la concesión del privilegio.

Sí admitía Varela que la causa reconoce peculiaridades excepcionales como que el ex comandante Martín Balza no haya radicado la denuncia en su momento ante la Justicia militar (postergando la competencia a favor de la Justicia Federal) y, tan grave para él este desliz, más lo es la falta de equidad en el tratamiento de ciertas personas (¿por qué -se pregunta- fueron desafectados el coronel Crinigan y el general Mabragaña cuando estaban involucrados con las mismas o peores imputaciones que sus defendidos?). Pero esas desigualdades, a su juicio, no permiten otros excesos arbitrarios por parte del juez, aun cuando éstos puedan favorecer temporalmente a sus defendidos. Por el contrario, agradece el gesto de enviarlos a sus casas por el mes de enero bajo arresto domiciliario, pero no entiende ni encuentra explicación jurídica a la determinación del magistrado.

• Marginado

Por lo tanto, se sintió marginado de la defensa por el propio Bonadío y elevó un duro escrito a ese juzgado, notificando también a sus defendidos. Ese escrito, de inmediato conocido por el Ejército, tuvo críticas en la fuerza y comentarios con el mismo tono por parte de Reimundes, transmitidos al abogado por teléfono. Objetó el militar la conducta de Varela, que a su juicio había sido contraria a la confianza personal e institucional que le había dispensado. Eso motivó una misiva de Varela a Reimundes, larga, explicativa, planteando la ilegalidad de Bonadío, sus deberes como abogado y relevando al Ejército del pago de emolumentos por la defensa de los tres militares en cuestión (sí, en cambio, reclamó que le paguen los honorarios por la defensa del general Riveros, «a quien asisto desde hace tres años sin que hasta la fecha haya recibido retribución alguna»).

• Rudeza

No culminó allí el entuerto. También el juez le respondió a Varela, molesto y con alguna rudeza. Inflamado, casi agraviado, a su vez replicó el abogado rechazando la filípica y denunciando a Bonadío por la comisión de delitos de acción pública. Los términos del magistrado bordearon el consejo de enseñarle a Varela práctica forense, de entender que tiene una limitada capacidad y devaluarlo con un lenguaje más común que jurídico y hasta de permitirse alguna broma. Como es de imaginar, Varela extremó su alegato y, con distintos párrafos, refutó los conceptos de Bonadío, señaló incorrecciones y desconocimiento. Finalmente le imputa haber violado la ley. Al margen de si se percibe o no algún propósito para quitar a Bonadío de la causa, lo cierto es que Varela se ampara en la norma, aun para cuestionar una decisión que había beneficiado a sus defendidos. Escaramuzas del foro, mientras en la Corte Suprema duerme una resolución que confirmaría o no la prisión del medio centenar de militares complicados.