El Consejo de la Magistratura resolvió esperar que Néstor Kirchner decida sobre la renuncia de la jueza en lo Contencioso María Emilia García antes de votar la suspensión y promover el juicio político de la magistrada. La propuesta fue oficializada por Joaquín da Rocha y aceptada por el resto de los consejeros.
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El representante del gobierno dijo que tenía información de que el Poder Ejecutivo iba a aceptar la renuncia de García. Por lo tanto, no valía la pena arrancar con el proceso. Sugirió esperar el dictamen gubernamental.
García fue acusada de formar parte de una supuesta estructura financiera donde el almirante Emilio Massera y sus hijos lavaron bienes y dinero presuntamentemal habidos, entre ellos los terrenos de Chacras de Coria, Mendoza. La jueza fue llamada a declarar ante el Consejo en dos oportunidades y en ambas dio versiones distintas acerca de su actuación en los sucesos que se le imputaban. Ante la Comisión de Acusación del Consejo, García aseguró haber sido forzada a homologar, en su rol de escribana, las actas notariales que dieron legalidad al desapoderamiento de bienes de desaparecidos por parte de la Armada. Y explicó que su propia hermana, una militante montonera, estaba desaparecida, con lo cual habría debido someterse a la voluntad de la Marina. El promotor de su enjuiciamiento -el kirchnerista Carlos Kunkel- desechó ese argumento y acusó a García de intentar justificar su presunta labor ilícita en la detención de su hermana.
El gobierno explica que va a aceptar la dimisión de la jueza para permitir que avance la causa penal que lleva el juez Sergio Torres y que podría derivar en la detención de García una vez que el Presidente acepte la renuncia.
Si Da Rocha se encargó de materializar el pedido del oficialismo, el juez Claudio Kiper hizo lo propio desde la vereda de la corporación de los jueces. Pidió más tiempo para analizar la situación del tucumano Felipe Terán, acusado de ordenar el pago de títulos públicos en default por una suma cercana a los 600 mil dólares. El bloque kirchneristaaceptó la postergación y pidió que vuelva a comisión. El argumento fue que había otros dos jueces que estaban siendo investigados por episodios similares; por lo tanto, había que unificar los criterios para no castigar a uno y salvar a otros.
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