Si Corte quiere, puede usar "per saltum" por indultos

Judiciales

Eugenio Zaffaroni dijo ayer que la Corte Suprema no podrá analizar la anulación de los indultos hasta que el tema sea definido por la Cámara de Casación y provocó un verdadero revuelo. La expresiones del magistrado no cayeron bien en el máximo tribunal penal del país. Tampoco la velada amenaza de Hebe de Bonafini de impulsar el juicio político de los camaristas en el Consejo de la Magistratura.

Los jueces del tribunal penal sostienen que la causa de los militares (indultos incluidos) no están frenadas y culpan de la demora de un fallo a la interna entre las organizaciones de derechos humanos. Y algunos arriesgan que la catarata de recusaciones a miembros del tribunal forma parte de una estrategia para impedir que Casación se pronuncie o evitar que incentive un conflicto entre la agrupación que conduce Hebe de Bonafini, el CELS y el colectivo de 300 organizaciones que disputaron poder en la Plaza de Mayo el último 24 de marzo.

A diferencia de lo que opina el cortesano Zaffaroni, en el primer piso de Comodoro Py se considera que un pronunciamiento de Casación favorable o desfavorable a los indultos decretados por Carlos Menem «no tiene importancia», porque la última palabra sobre el caso la tiene, precisamente, la Corte Suprema.

Además, se sostiene que si los jueces supremos tuvieran interés en resolver rápidamente la legalidad de los indultos tienen la posibilidad de fallar vía «per saltum» por gravedad institucional. El per saltum es un planteo extremo, por el cual se le pide a la Corte Suprema que cambie el procedimiento ordinario e intervenga para resolver en forma inmediata en una causa. La Corte lo utilizó únicamente en casos extremos: en 1987 el tribunal se negó a intervenir en el caso de la masacre de Margarita Belén, con la única excepción de Enrique Petracchi, que votó en disidencia. En 1990 intervino per saltum en la privatización de Aerolíneas. Desde entonces, lo hizo en casos aislados. Se recordó, además, que en un reciente fallo de la Corte (caso Leiva) la jueza Carmen Argibay consideró que Casación «no es un tribunal intermedio en todas las cuestiones».

  • Motivos opuestos

    Paradójico: en Casación y en algunas organizaciones de derechos humanos se cree que éste sería el momento de echar mano a esa controvertida herramienta jurídica. Claro que los motivos son diametralmente opuestos.

    En el caso de Comodoro Py se afirma que por un fallo de la Corte Suprema, en Casación ingresan entre 150 y 200 causas por mes. En su mayoría se trata de expedientes que tienen dos o tres años de atraso en la Corte. Al colapso debe sumarse la acción de las agrupaciones de derechos humanos que han cuestionado a la mayoría de los 13 miembros de ese tribunal. Para el caso militar, esa cámara funciona con abogados de la matrícula, algunos de los cuales también han sido recusados.

    Es tan feroz la pelea entre derechos humanos y los camaristas de Casación, que uno de ellos que se declaró «enemigo manifiesto» fue denunciado penalmente y el Consejo de la Magistratura lo sancionó por «maltrato a los litigantes». Hay otra cuestión: a las organizaciones de derechos humanos no les interesa el fallo de Casación porque están convencidas de que se pronunciarán en idéntico sentido que la Cámara Federal de San Martín, es decir, declarando que los indultos son constitucionales.
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