Yacyretá: rechazo final del Estado a reclamo millonario

En el escrito final de respuesta al reclamo de u$s 2.000 millones que hacen los constructores de la represa de Yacyretá, los gobiernos de la Argentina y el Paraguay afirmaron que en realidad son acreedores por u$s 200 millones.

El juicio por mayor monto que tiene el Estado argentino con una empresa privada -fuera de los motivados por el default de la deuda pública- entró esta semana en el tramo final al rechazar de nuevo los abogados del Ente Binacional Yacyretá la demanda por cerca de u$s 2.000 millones que le hace por mayores costos la constructora Eriday. Esa deuda, insisten los propietarios de la obra, no existe; más aún, los constructores son los que le deben al EBY unos u$s 200 millones.

Ayer, el director del ente Yacyretá (integrado por la Argentina y Uruguay), el arquitecto Oscar Thomas, envió al Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de París, que es donde se discute este entuerto, el rechazo final a todos los argumentos de la firma. El escrito, llamado de « contrarréplica», agota la etapa de la litis y abre un período que puede llegar hasta fin de año durante el cual las partes tienen que acercar las pruebas que sustentan sus argumentos en uno y otro sentido. Esta presentación responde a quejas de la firma italiana Eryday (ex Fiat, hoy grupo De Romiti) a una anterior contestación de la demanda original y concluye en tres puntos: 1) que la obra de Yacyretá es una sola; 2) que ya se pagó, y 3) que la constructora tuvo una rentabilidad por los trabajos superior a la del negocio de la obra pública.

Con estas afirmaciones, los dueños de Yacyretá(los gobiernos de Buenos Aires y Asunción) intentarán frenar el reclamo de los u$s 2.000 millones ante un tribunal privado de árbitros designados por la Cámara de Comercio de París. Por la empresa, se sientan en ese tribunal el embajador Julio Barberis, el ex embajador Emilio Cárdenas y lo preside el abogado colombiano Ernesto Gamboa Morales, que hace el reclamo. Los tres juristas deben analizar ahora las presentaciones de las dos partes y decidir qué puntos deben ser objeto de prueba; eso implica que no son todos los reclamos de las dos partes. En 60 días deben comunicarles al EBY (Argentina-Paraguay) y a la empresa Eryday sobre qué se va a discutir en el próximo año y qué tipo de pruebas deben acercar.

Los tres puntos de la contrarréplica que presentó ayer la firma Yacyretá responden a lo que pide la constructora: 1) que la obra no es una sola porque hay ítem en los cuales la firma privada tuvo pérdidas que sumadas llegan a esos u$s 2.000 millones. Los estados dueños de la represa responden que la obra es una sola, que se pagaron todos los certificados y que en la suma total no hay deuda alguna, pese a que en algún ítem haya pérdidas como en otros pudo haber ganancia.

2) El reclamo de créditos a favor de la demandada lo responden los directores jurídicos del proceso por Yacyretá, los juristas Héctor Masnatta (por la Argentina) y Augusto Saldívar (alterno, por Paraguay) con el argumento de que hay ítem en los cuales la constructora les quedó debiendo fuertes sumas de dinero a los propietarios de la represa que llegan a los u$s 200 millones.

El tercer punto del reclamo de la constructoraes que Yacyretá debe analizarse como una obra privada, es decir, sin los resguardos que el derecho impone sobre una obra pública. Los propietarios responden que esa obra «no es un edificio de renta, ni un estadio deportivo, ni un hotel de turismo. Es una obra construida sobre el dominio público, pagada con fondos públicos, hecha para satisfacer de manera permanente un fin público».

Esto parece útil para la posición de los estados porque, según el cálculo de los abogados, la constructora ha tenido una rentabilidad de 12% sobre la inversión total, cuando el promedio de rentabilidad de obra pública según la experiencia internacional está entre 5% y 6% por el bajo riesgo que tiene para el proveedor.

«En esta obra -comentó ayer el arquitecto Thomas-, el insumo más caro ha sido el tiempo. Hasta ahora, la obra viene costando unos u$s 11 mil millones, pero de cada dólar que se invirtió en construcción hay otro dólar que se pagó en intereses de financiación.» El director ejecutivo de Yacyretá dijo a este diario que los estados han pagado en unos 30 años alrededor de u$s 5.500 millones en intereses.

• Revisión

Un punto clave del escrito elaborado por Masnatta y su alterno Saldívar es la impugnación que hace la constructora del sistema de resolver las diferencias mediante un tribunal arbitral, algo previsto en el contrato original. Lo que este tribunal decida -ha planteado el enteYacyretápuede y debe ser revisado por los tribunales de Justicia, que son órganos superiores a una instancia privada como es la ofrecida por el arbitraje que en esta oportunidad se hace bajo la Cámara de Comercio de París.

«La EBY ha postulado el ajuste de este litigio al ordenamiento jurídico aplicable que, en la República Argentina, tiene su fulcro en la Constitución Nacional, como lo ha dictaminado el procurador general de la Nación en la causa 'YPF vs. Sargo SA' del 27/12/74. De esa ley fundamental es guardián la Corte Suprema de Justiciade la Nación.» Esto anuncia que, cualquiera sea el resultado, la pretensión de la Argentina y del Paraguay es que los dictámenes de los árbitros privados sean examinados por la Corte Suprema de Justicia, que podría revertir ese resultado.

Esa doctrina -recuerda la presentación de Yacyretála sostiene el gobierno argentino en otros arbitrajes como el caso Meller, los que se discuten en el tribunal arbitral CIADI del Banco Mundial y el caso Bulgheroni. En todos ellos, el Estado argentino ha negado que la instancia última y superior sea un tribunal privado.