Marcha atrás de Kicillof con la cancelación del gremio de Facundo Moyano

El conflicto entre el sindicato de Peajes (Sutpa) y la concesionaria del servicio para autopistas a la Costa del gobierno bonaerense Aubasa entró en una meseta luego de que la administración de Axel Kicillof retrocediera en su intento por revocarle la personería gremial a la organización que lidera en los hechos Facundo Moyano. La pulseada sin embargo quedó en suspenso, a partir de la aceptación de ambas partes de la conciliación obligatoria, y sin una definición respecto del despido de un directivo del área de informática de la compañía, lo que había originado las protestas.

La marcha atrás del Ejecutivo provincial quedó plasmada en un acta ante el Ministerio de Trabajo a la que tuvo acceso este diario. Allí la compañía ratifica las denuncias presentadas previamente contra el gremio ante la cartera laboral pero señala que “sin perjuicio de los incumplimientos” a las treguas dispuestas por Trabajo aclara que no es su objetivo “instar procedimiento alguno de cancelación de personería”. Entre los datos salientes del acta figuran la firma, como representante de los intereses de la concesionaria bonaerense, del abogado Ignacio Funes de Rioja, hijo de Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular del estudio jurídico que lleva su nombre.

La controversia viene de arrastre desde casi el inicio de la gestión de Kicillof con el nombramiento al frente de Aubasa del escribano Ricardo Lissalde, un técnico que en su origen se encontraba bajo el ala de Sergio Massa pero que con el tiempo se granjeó la confianza del gobernador de la provincia. En las últimas semanas se agravó con el despido del responsable del área de informática, que tenía a su cargo parte de los planes de reconversión laboral presentados por el directorio. El Sutpa, que al inicio del conflicto se enfocó en la figura de Lissalde, derivó las críticas en forma directa al mandatario provincial por considerarlo responsable del sostén de Lissalde.

El acta ante Trabajo fue firmada por ambas partes el martes pero no hubo resolución de los puntos centrales de la controversia: el retorno del responsable de informática y la salida de Lissalde, las dos condiciones que puso el Sutpa encabezado por Florencia Cañabate y donde el hijo de Moyano funge como secretario adjunto. El gremio también mantuvo reclamos por la efectivización de trabajadores contratados y la recategorización de otros empleados del concesionario que administra los peajes a la costa bonaerense y que funciona bajo la órbita del Ejecutivo provincial.

La puja, que hasta la semana pasada se mantuvo a escala entre el hijo de Moyano y la compañía, escaló con el pedido de cancelación de la personería presentado por Aubasa y motivó repudios por parte de la CGT y la Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés) entre otras entidades gremiales. Tras la aceptación el martes de la conciliación obligatoria, la directora de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la cartera laboral, Gabriela Marcello, fijó una nueva audiencia para el 20 de enero a las 11.

El acta fue suscripta por dos Moyano: Facundo, como adjunto del Sutpa, y Hugo Antonio, abogado de la organización, además de Cañabate, Marcos Cortés y Federico Sánchez; mientras que por Aubasa lo hicieron los gerentes Adrián Zenobi y Luis Barreiro con la representación legal de Funes de Rioja junior.