Brasilia (ANSA, ASN) - Una agria polémica se desató ayer entre el gobierno y la Iglesia de Brasil, cuando el Ministerio de Salud autorizó a los médicos de los hospitales públicos a realizar abortos a mujeres que aleguen haber quedado embarazadas tras una violación, pero sin necesidad de que presenten una denuncia policial u otro documento que compruebe haber sufrido violencia.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, el texto normativo comenzará a ser distribuido en el curso de este semestre a los servicios del aborto legal en Brasil. Según los sectores críticos a la medida, ésta, al no exigir ningún documento, equivale lisa y llanamente al blanqueo del aborto en el país.
«No tengo dudas de que cualquier mujer que quiera podrá practicar el aborto con esta nueva medida. La denuncia policial nos garantizaba que la mujer había sido víctima de violencia sexual y que estaba embarazada como consecuencia de ese episodio», opinó ayer el obispo de Jundiaí, estado de San Pablo, Amaury Castanho.
• Confusión
El ministro de Salud, Humberto Costa, negó que se intente estimular el aborto y sugirió que «hay quienes confunden la normativa sobre el aborto legal con la que pretende humanizar la atención de mujeres que ya están en proceso de aborto y que entran en los hospitales públicos», sostuvo.
El aborto está permitido en Brasil en los casos de violación y de riesgo de vida para la madre, y según el artículo 128 del Código Penal brasileño, no es necesario exigir documentos ante ese tipo de casos, y la mujer no tiene la obligación legal de denunciar el hecho ante la policía. Pero una norma técnica del ministerio de 1998, durante la gestión del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), colocaba la denuncia policial como documento «obligatorio» para la práctica del aborto legal, lo que aún es respetado por las unidades sanitarias que prestan ese servicio.
Asimismo, el actual código de ética médica confiere al especialista el derecho a «negarse» a practicar la interrupción del embarazo alegando «razones de conciencia».
Según la nueva norma, los médicos no deben temer posibles consecuencias jurídicas en caso de que, posteriormente, se descubra que el embarazo no fue resultado de un estupro, citando legislación vigente en ese sentido, también del Código Penal.
De acuerdo con el ministro Costa, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva «no está promoviendo o estimulando el aborto sino garantizando la vida de miles de mujeres, al calificar la atención de aquellas personas que llegan a los centros de salud públicos ya en proceso de aborto espontáneo o inseguro».
Dejá tu comentario