París (EFE, AFP) - Los diputados franceses comenzaron a debatir ayer un proyecto de ley sobre «el control de la inmigración» impulsado por el gobierno, compuesto por nuevas restricciones a la reagrupación familiar y que incluye un polémico test genético de filiación.
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«Para muchos de nuestros compatriotas, la inmigración es una fuente de inquietud», afirmó al presentar el texto el ministro de Inmigración, Integración e Identidad Nacional, Brice Hortefeux, un funcionario muy cercano al presidente Nicolas Sarkozy. En este proyecto se traducen «las expectativas de la mayoría silenciosa» que ve en la inmigración «una amenaza para su seguridad, su empleo y su modo de vida», indicó.
Hortefeux anunció que el gobierno se plantea una modificación de la Constitución que permita definir «techos de inmigración». Añadió: «Debemos afirmar el derecho de Francia a escoger quién tiene el derecho de instalarse o no» en su territorio.
Además de seguir combatiendo la inmigración ilegal -el objetivo este año es expulsar a 25.000 personas sin papeles-, hay que «reorganizar» la inmigración legal, indicó.
En 2005 se concedieron 92.000 permisos de estadía en virtud de pedidos de reunificación y sólo 11.000 por motivos profesionales. Por lo tanto, el proyecto de ley impone nuevas restricciones a la reagrupación familiar que se suman a las anteriores, que habían sido impulsadas por Sarkozy cuando era ministro de Interior durante el gobierno de Jacques Chirac.
En caso de que se apruebe la medida, los candidatos a la reagrupación familiar deberán pasar en sus países de origen un test de conocimiento del francés y de los «valores» de la república y aquellos que lo rechacen «no podrán entrar en Francia», aseguró Hortefeux. «El inmigrante que quiera hacer venir a su familia deberá tener ingresos laborales equivalentes al salario mínimo o superiores», aseveró.
Enmienda
Además de defender estos puntos de la ley, Hortefeux se manifestó de acuerdo con una enmienda propuesta por un legislador de la conservadora UMP, que prevé realizar análisis genéticos voluntarios a candidatos a la reagrupación familiar para demostrar su filiación.
Tras negar que los tests sean un «fichaje genético», el ministro explicó que doce países europeos, «plenamente democráticos», recurren a ellos. Hortefeux se mostró a favor de otra enmienda, también polémica, que autorizaría la obtención de datos para medir la diversidad étnica: «Si se quiere luchar contra las discriminaciones ligadas al origen, hay que poder medirlas», apostilló.
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