Audiencia crucial por las escuchas de Bush

Washington (AFP, EFE, LF) - El secretario de Justicia norteamericano, Alberto Gonzales, rendirá cuentas hoy por las escuchas extrajudiciales conducidas en Estados Unidos desde el 11 de setiembre de 2001 ante senadores que cuestionan la legalidad de este método en la «guerra contra el terrorismo».

Desde hace un mes y medio el gobierno de George W. Bush sostiene una ofensiva para contrarrestar el impacto que suscitó la revelación de estas escuchas por «The New York Times». Es la primera vez que los senadores podrán interrogar directamente a un funcionario del gobierno durante una audiencia muy publicitada de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado.

La izquierda mantiene una fuerte presión sobre este asunto, que inquieta a los defensores de las libertades civiles: la organización MoveOn.org comenzó a difundir un video comparando a Bush con Richard Nixon, el presidente obligado a renunciar en 1974 por un caso de escuchas políticas. El escándalo es tan grande que la duda también incluye a una parte de la mayoría republicana, que sin cuestionar la necesidad de las escuchas, critica los métodos.

• Remedio

Hace tres semanas, el presidente de la comisión que interrogará a Gonzales, el republicano Arlen Specter, no dudó en sostener que, si el Congreso llega a la conclusión de que Bush violó la ley al autorizar estas escuchas, «el juicio político es un remedio».

«No conozco ningún fundamento jurídico que permita saltearse» la Justicia para ordenar las escuchas, declaró en diciembre otro miembro de la comisión, la también republicana Lindsey Graham.

Del lado demócrata, las preguntas prometen ser todavía más agresivas. El número dos de la comisión, Patrick Leahy, ya presentó un borrador de resolución afirmando la ilegalidad de las escuchas.

Edward Kennedy, del ala más liberal de la oposición, previno el viernes que esperaba « respuestas verdaderas», y Russell Feingold, un hombre de ambiciones presidenciales, acusó a Bush de comportarse como «un rey».

• Alegato

La defensa de Gonzales -quien fue consejero jurídico de la Casa Blanca cuando este programa fue lanzado- podría no sorprender: el Departamento de Justicia ya publicó un alegato detallado hace dos semanas. Para el gobierno, el contexto de la «guerra contra el terrorismo» le da al presidente el poder de ordenar una misión de vigilancia de ese tipo, a pesar de una ley de 1978 sobre espionaje que afirma la necesidad de órdenes judiciales.

Gonzales podría además mostrarse reticente a dar detalles sobre los blancos y resultados de las escuchas: el gobierno defiende obstinadamente el secreto guardado hasta ahora sobre el programa, que antes de su revelación en la prensa no había sido presentado más que a un puñado de legisladores.

El secretario de Justicia prometió actuar contra los responsables de la filtración que condujo a la difusión de las escuchas.

Para complicar más el panorama, «The Washington Post» en su edición de ayer dijo que «las escuchas practicadas a miles de estadounidenses terminaron exculpando prácticamente a todos por no haberse escuchado nada similar a una amenaza terrorista».