El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió en Cochabamba (centro) culminar hoy mismo el proceso de diálogo con la oposición y que se llegue a un acuerdo inmediato para pacificar el país.
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"Mi deseo es terminar este diálogo hoy en la tarde con acuerdos generales que permitan garantizar autonomía y nueva constitución", dijo el presidente a los medios cuando se cumple la cuarta jornada de conversaciones entre el Ejecutivo y los opositores autonomistas para tratar de buscar una solución a la crisis que vive el país.
Morales destacó su "flexibilidad" para corregir la propuesta del nuevo texto constitucional en lo que se refiere al capítulo autonómico que, a su juicio, tendrá que contar con la participación de los diferentes sectores sociales y "sin menospreciar el trabajo que hicieron los constituyentes".
"Quiero firmar un documento que permita pacificar el país y garantizar la autonomía para los departamentos y otras regiones, pero también garantizar la nueva constitución política del Estado", dijo el presidente.
Morales "saludó" que los prefectos opositores hayan planteado en una de sus últimas propuestas impulsar la nueva constitución, pero rechazó la parte en la que piden consensuar el texto del proyecto de Carta Magna porque supondría desconocer lo aprobado por la Asamblea Constituyente.
El mandatario exigió asimismo la "devolución y normalización inmediata de las instalaciones públicas" y recordó que todavía once instituciones estatales tomadas por grupos autonomistas en varias regiones no han sido devueltas.
"Esperamos que en el transcurso de estas horas -las instituciones- sean devueltas", agregó.
El presidente informó de que esta mañana se reunió con los dirigentes de los movimientos sociales que mantienen un cerco en Santa Cruz y aseguró que si se garantiza la aprobación de la nueva Constitución están dispuestos a flexibilizar las medidas de presión.
Ayer, el gobierno y la oposición de Bolivia habían acordado garantizar el pago de una pensión universal a la vejez con fondos provenientes del Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos (IDH), en la primera coincidencia concreta surgida del diálogo iniciado el jueves en Cochabamba, se informó oficialmente.
"Se ha llegado al acuerdo de que todos los presentes en esta reunión deberíamos garantizar el pago de la Renta Dignidad; por lo tanto, es el primer gran acuerdo al que se ha llegado", declaró el ministro de Hacienda, Luis Arce, en una conferencia de prensa, según informó la agencia noticiosa estatal boliviana ABI.
La comisión de trabajo respectiva -una de las tres que se formaron para analizar los otros tantos asuntos que enfrentaron al gobierno y la oposición- "debe todavía definir la forma y la sostenibilidad de ese beneficio social", indicó ABI.
El tema se convirtió en una de las principales causas del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición cuando meses atrás el presidente Evo Morales resolvió dejar de enviar a los departamentos un porcentaje de los fondos generados por el IDH para financiar con ellos la Renta Dignidad, una pensión universal para todos los mayores de 60 años.
El desacuerdo acerca esa cuestión, sumado a los que existen sobre la reforma de la carta magna aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Constituyente pero aún pendiente de sanción o rechazo en referendo y sobre el método para cubrir vacantes en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Corte Nacional Electoral generaron una escalada de violencia en los últimos meses.
Esa situación tuvo su punto máximo el jueves 11 en el municipio Porvenir, del departamento Pando, donde un enfrentamiento entre seguidores y opositores de Morales causó al menos 21 muertos, decenas de heridos y más de 100 desaparecidos.
Por esos hechos se responsabilizó al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien el martes pasado fue detenido y trasladado a La Paz, donde está recluido en una cárcel y procesado por los cargos de asesinato, terrorismo y asociación delictuosa.
Paralelamente, se acordó un diálogo entre el gobierno nacional y los prefectos opositores con la presencia de los presidentes de las dos cámaras del Congreso y veedores locales (las iglesias católica, evangélica y metodista) e internacionales (la ONU, la OEA y la Unasur), que comenzó el jueves en Cochabamba.
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