La Justicia de Bolivia ordenó este viernes la prisión preventiva por cinco meses del expresidente Luis Arce, en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados a su gestión como ministro de Economía entre 2006 y 2017, durante los gobiernos de Evo Morales.
Bolivia: ordenan prisión preventiva para el expresidente Arce en una causa por presunta corrupción
La Justicia dispuso cinco meses de detención preventiva para el exmandatario, acusado por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante su paso por el Ministerio de Economía en el gobierno de Evo Morales.
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El exmandatario de Bolivia deberá permanecer detenido en el penal de San Pedro, en La Paz, mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo Indígena.
La decisión fue adoptada tras una audiencia virtual encabezada por el juez Elmer Laura, quien dispuso que el exjefe de Estado, de 62 años, permanezca detenido en un penal de La Paz mientras avanza la investigación por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, figuras penales que prevén penas de hasta seis años de prisión.
Luego de conocerse la resolución judicial, Arce fue trasladado al penal de San Pedro, una de las cárceles más grandes del país andino. La fiscalía sostiene que, en 2015, cuando ocupaba el Ministerio de Economía, autorizó el depósito de recursos del Fondo Indígena en cuentas particulares.
Ese fondo había sido creado para financiar proyectos productivos en comunidades rurales e indígenas, pero el caso estalló públicamente en 2017, cuando se denunció que millones de dólares terminaron desviados. A pesar del impacto político que tuvo el escándalo durante la gestión de Morales, las causas judiciales permanecieron prácticamente paralizadas durante años.
La defensa de Arce
Durante la audiencia, Arce rechazó las acusaciones y calificó su detención como “ilegal e irregular”. Afirmó que fue aprehendido sin orden judicial y denunció una persecución política en su contra.
El expresidente sostuvo además que no tuvo intervención directa en la administración del Fondo Indígena y que las decisiones operativas estaban delegadas en funcionarios responsables del área.
El juez Laura avanzó más allá del pedido inicial de la fiscalía, que había solicitado tres meses de detención preventiva en un centro correccional para adolescentes. La defensa argumentó que Arce padece una enfermedad oncológica y que su estado de salud podría agravarse en prisión.
Ante ese planteo, el magistrado resolvió que el exmandatario debe recibir la atención médica necesaria y ordenó a las autoridades penitenciarias garantizar su integridad física durante la detención. Arce fue diagnosticado con cáncer de riñón en 2017, enfermedad que superó tras un tratamiento realizado en Brasil, aunque debe continuar con controles periódicos.
Reapertura del caso y contexto político
La investigación por las presuntas irregularidades del Fondo Indígena fue reabierta tras la asunción del presidente Rodrigo Paz, de orientación centroderechista. Desde el actual Gobierno sostienen que durante casi dos décadas de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS) existió un uso indebido de fondos públicos.
Aunque el perjuicio económico aún no fue determinado oficialmente, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, estimó que el presunto desfalco en el caso de Arce superaría los 51 millones de dólares.
Exlegisladores que investigaron el tema en el pasado señalaron que los recursos habrían sido utilizados para asegurar apoyos políticos y sindicales en períodos electorales. En ese marco, la fiscalía no descartó citar a declarar a Evo Morales, una posibilidad que generó tensión en el Chapare, bastión político del exmandatario, quien además enfrenta una orden de detención por otra causa judicial.
La detención de Arce se produce en un contexto complejo para el Gobierno boliviano, marcado por escasez de combustibles, protestas sociales incipientes y un debate abierto sobre la continuidad de la subvención a los carburantes, cuestionada por su impacto en las cuentas públicas. El país atraviesa, según analistas locales, la crisis económica más profunda de las últimas cuatro décadas, un escenario que suma presión política al avance de las investigaciones judiciales contra exfuncionarios de alto rango.
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