La policía brasileña detuvo hoy a 54 personas, en su mayoría funcionarios públicos, acusados de integrar una red de corrupción que operaba en la oficina regional del Ministerio de Trabajo en el estado de Río de Janeiro, informó la Policía Federal.
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Entre los detenidos figuran 43 fiscales laborales, que representan el 23 por ciento de todos los auditores del Ministerio de Trabajo que actúan en Río de Janeiro, dijo la fuente en un comunicado.
Los otros apresados son empresarios que presuntamente se beneficiaron de la red de corrupción. La operación, que se extendió por siete municipios del estado de Río de Janeiro y en la que participaron 420 agentes de la Policía Federal, preveía cumplir 56 órdenes de arresto y 103 autorizaciones judiciales de allanamientos.
Apenas dos de los 56 afectados por las ordenes de detención consiguieron evadir la acción policial. Según la Policía Federal, los acusados montaron una red de corrupción dentro de las oficinas del Ministerio de Trabajo para "vender" servicios irregulares, como perdonar multas laborales a cambio de sobornos, modificar ilegalmente los resultados de inspecciones y homologar rescisiones de contratos a espaldas de los trabajadores destituidos.
Los detenidos tendrán que responder en un proceso abierto por un juez federal a cargos por corrupción activa, corrupción pasiva, tráfico de influencias, prevaricación, concusión, hurto calificado, falsificación de documentos y violación del sigilo funcional.
Las investigaciones comenzaron hace cerca de año y medio gracias a una denuncia anónima. La fiscalía informó de que las investigaciones continuarán debido a que aún están en la mira de la policía varios empresarios, en su mayoría de los sectores de la construcción y del transporte público, que al parecer sobornaron a los fiscales laborales a cambio de decisiones favorables y para evadir multas.
El ministro de Trabajo, Luiz Marinho, que acudió hoy a la Superintendencia de la Policía Federal de Río de Janeiro para informarse sobre la operación, calificó la red de corrupción desmontada como la mayor vista en su cartera en los últimos años.
Según el ministro, las mayores víctimas de la banda criminal eran los trabajadores, que perdían el derecho a las indemnizaciones por rescisión de contrato de trabajo, y los arcas públicas, que dejaban de recibir los recursos procedentes de impuestos y multas.
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