El exjuez y exministro bolsonarista Sérgio Moro, condenado por parcialidad al ejercer la persecución judicial contra el expresidente Lula da Silva, comenzó a ser investigado por el Tribunal de Cuentas de Brasil, que busca saber cuánto cobró en 2019 y 2020 por los servicios prestados a la consultora estadounidense Alvarez&Marsal en Washington, apenas dejó la función pública, se informó este martes oficialmente.
Brasil: investigan al exjuez Moro por trabajar para un estudio que representó a Odebrecht
El Tribunal de Cuentas de la Unión analiza si incurrió en conflictos de intereses ya que la consultora administra la quiebra de la constructora, eje de la Operación Lava Jato que condujo el ahora candidato presidencial.
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La investigación del Tribunal de Cuentas de la Unión fue determinada por el juez de contralor Bruno Dantas, que acató un pedido de la fiscalía para determinar si Moro incurrió en conflictos de intereses o en la llamada "puerta giratoria" entre la función pública y privada ya que la consultora administra la quiebra de la constructora Odebrecht, eje de la Operación Lava Jato que condujo el exjuez de la ciudad de Curitiba.
Moro es precandidato presidencial por el partido derechista Podemos, al que se afilió en noviembre luego de haber renunciado a Alvarez&Marsal, estudio de abogados y contabilidad con sede en Washington y al que entró a trabajar luego de haber sido ministro de Justicia de Bolsonaro durante 14 meses.
El juez Dantas determinó que Alvarez&Marsal revele cuanto le pagó a Moro y ordenó investigar si esa compañía multinacional de abogados participó en algunos de los procesos de la Operación Lava Jato.
La Lava Jato, operación judicial contra la corrupción en Petrobras iniciada en 2014 en la ciudad de Curitiba, aceptó una delación premiada de 78 exejecutivos de Odebrecht que relataron delitos a cambio de rebaja de penas y un proceso de recuperación de la empresa, que entró en convocatoria de acreedores en 2018 después de ser la más poderosa empresa de infraestructura regional.
El fiscal Lucas Furtado pidió investigar cómo el erario público fue afectado por "operaciones supuestamente ilegales" de los integrantes de Lava Jato y de Moro "mediante prácticas ilegítimas de 'revolving door' o puerta giratoria", cuando los funcionarios públicos asumen puestos como lobistas o consultores en la área de su actividad anterior en el sector público.
Moro, quien marcha tercero en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2022, negó haber trabajado para Odebrecht aprovechando la información con la que contó durante la investigación de Lava Jato.
"El contrato con Alvarez&Marsal fue firmado entre las partes privadas, de forma regular, y con la cláusula expresa de que jamás actuaría en casos de conflicto de intereses. Por eso nunca trabajé o presté servicios directa o indirectamente para Odebrecht", dice un comunicado del equipo de Moro citado por el diario Folha de Sao Paulo.
El plenario del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, consideró por 7 a 4 la parcialidad de Moro para juzgar a Lula, contra quien actuó en forma persecutoria y con fines políticos e ideológicos para sacarlo -con éxito- de la contienda electoral de 2018 que consagró como presidente a Jair Bolsonaro.
La veintena de procesos abiertos contar Lula fueron cerrándose por falta de mérito o por anulación por falta de pruebas de la acusación y actualmente el expresidente (2003-2010) está habilitado para participar de la elección de octubre próximo, en la que aparece como amplio favorito en las encuestas, incluso con chances de vencer en la primera vuelta, con más del 50% de los votos.
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