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Un alto funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato reconoció que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos interceptó indebidamente comunicaciones electrónicas entre ciudadanos estadounidenses entre 2008 y 2011, en el marco de un programa que posteriormente fue abolido tras un dictamen judicial de ilegalidad.
Este jueves los abogados de David Miranda pidieron a la Corte Suprema que emitiera de urgencia una orden para impedir que la policía y el gobierno británicos "inspeccionen, copien o compartan" los datos confiscados durante su interrogatorio.
Los abogados reclamaron esa medida en espera de que "la corte se pronuncie sobre la legalidad de esa confiscación", y pidieron a la corte la celebración de una audiencia, sobre el fondo del caso, en las dos próxima semanas.
"El objetivo de ese procedimiento es proteger la confidencialidad del delicado material periodístico confiscado a David Miranda", explicaron.
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