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"El cambio será beneficioso. Antes que perder una Fiscalía Anticorrupción ganaremos una estructura para investigar toda clase de delitos durante los turnos penales, lo cual es muy importante por el déficit que existe en la materia", aseguró a la prensa el ministro fiscal del alto tribunal, Luis de Mitri.
Desde la próxima semana, la dependencia que encabeza Pedro Gallo, que hasta ahora tenía competencia exclusiva para investigar los hechos ilícitos contra el Estado, será una más entre las diez Fiscalías de Instrucción que existen en la capital tucumana.
De Mitri explicó que la Corte Suprema decidió disolver la Fiscalía Anticorrupción porque, mientras ésta tiene apenas 400 causas en trámite, las otras están abarrotadas, con entre 2.500 y 3.000 expedientes cada una.
"Durante los últimos años hubo muy pocas presentaciones. No se justifica que haya una Fiscalía que atienda exclusivamente esta materia. Hay pocas causas, y la mayoría viene de la época de Esteban Jerez. El promedio de nuevas denuncias es menor a 10 por mes. En las otras, de 1.000 por turno (duran 14 días)", dijo De Mitri.
La Fiscalía Anticorrupción había sido creada en mayo de 2000 cuando el hoy diputado nacional Ricardo Falú era ministro fiscal de la Corte Suprema (de este funcionario judicial dependen los fiscales), y el primer fiscal fue Jerez, hoy legislador nacional por Recrear.
Desde la próxima semana, las diez Fiscalías de Instrucción tendrán competencia para investigar toda clase de delitos, incluidos aquellos cometidos contra el Estado, como sucedía antes de mayo de 2000.
Cuando Jerez estuvo al frente de la Fiscalía, ésta tuvo mucha actividad, hasta el punto de que figuraron como imputados en algunas causas el ex gobernador Antonio Bussi o el actual, José Alperovich, y 37 ex legisladores, acusados de haber recibido sobornos para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución, durante el gobierno de Julio Miranda.
De todas las investigaciones de Jerez, la única que fue exitosamente elevada a juicio fue la causa en la que fue investigado Bussi por el presunto cobro de gastos reservados durante su gobernación (1995-1999).
Este expediente quedó radicado en la sala IV de la Cámara Penal, pero aún no hay fecha para la celebración de las audiencias, porque por cada uno de los imputados (son cuatro, Bussi, y tres ex ministros suyos) hay cinco cuadernillos de pruebas que están siendo analizadas.
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