Las fuerzas de seguridad intentan despejar rutas clave tras tres semanas de protestas. Los enfrentamientos y cortes ya dejaron más de 127 detenidos.
Archivo. La Policía busca liberar los pasos bloqueados por los manifestantes.
La crisis política y social en Bolivia sumó este sábado un nuevo capítulo de tensión. Fuerzas antimotines avanzaron sobre distintos bloqueos para intentar restablecer el tránsito hacia La Paz y garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y combustibles, en medio de protestas que ya llevan tres semanas contra el gobierno de Rodrigo Paz.
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El operativo comenzó durante la madrugada y se concentró principalmente en la ciudad de El Alto y en la ruta hacia Oruro. Allí, grupos de manifestantes intentaron retomar los cortes utilizando hondas y petardos, mientras las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, según mostraron imágenes difundidas por medios locales.
En El Alto todavía permanecen tomadas al menos dos autopistas, aunque otra de las vías principales ya fue parcialmente despejada y los vehículos comenzaron a circular entre piedras, escombros y restos de barricadas, de acuerdo con relevamientos de AFP.
Los efectivos avanzaron lentamente utilizando tractores y maquinaria pesada para remover bloques de cemento y obstáculos instalados sobre las rutas desde hace 18 días por sectores que reclaman la renuncia del presidente boliviano, que asumió el cargo hace apenas seis meses.
El despliegue fue bautizado por el Gobierno como “Corredor humanitario con banderas blancas” y tuvo como eje la reapertura de los accesos estratégicos que conectan La Paz con Chile y Perú. La situación afecta especialmente al aeropuerto internacional de El Alto y a cientos de camiones que permanecen varados desde hace días.
La caravana oficial avanzó hacia Oruro, ubicada a 227 kilómetros de la capital, con unos 150 vehículos entre camiones, colectivos y tractores. Sin embargo, según constató EFE, los manifestantes vuelven a reorganizar los bloqueos apenas las fuerzas de seguridad logran despejar algunos tramos.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien encabezó el operativo, aseguró que el Gobierno mantiene disposición al diálogo y afirmó que buscará conversar personalmente con los manifestantes en cada punto de conflicto.
“Diálogo ante todo y estamos trabajando en conjunto con nuestros policías y militares sin armas letales”, declaró Zamora. Además, expresó su expectativa de alcanzar una salida que permita “que se pacifique el país”.
La tensión se produce pocos días después de que Rodrigo Paz anunciara una “reorganización” de su gabinete y la creación de un consejo económico y social, en un intento por contener la crisis política y las crecientes protestas. El mandatario realizó el anuncio el miércoles, en medio de bloqueos y enfrentamientos que ya dejaron 127 detenidos y decenas de heridos.
“Desde el Gobierno les quiero anunciar que vamos a reorganizar el Gabinete, porque el presidente no puede estar en todos lados”, sostuvo Paz, al tiempo que planteó la necesidad de contar con funcionarios “más ágiles y cercano”.
El presidente también buscó enviar una señal de apertura política frente a los reclamos que motorizan las protestas: ”El reclamo es ‘queremos ser parte de la toma de decisiones’ y el Gobierno una vez superado ciertos espacios, como estabilizar la economía, es que tiene que ser un Gobierno de todos los bolivianos, esa fue nuestra intención, pero pese a eso algunos dicen que quieren participar”, expresó.
En paralelo, defendió el rumbo de su administración y aseguró que el país atraviesa una etapa de transformación institucional: “Bolivia vive un punto de inflexión, un cambio de convivencia y de cómo el Estado y la democracia se desarrolla en el país”, afirmó.
Además, reivindicó los primeros meses de gestión y sostuvo que el Gobierno logró estabilizar algunas variables económicas y afirmó que su gestión estabilizó "la economía, la funcionalidad de una institución como el Banco Central" y entabló "diálogo con sectores”.
Por último, reconoció que varias de las demandas que hoy impulsan las movilizaciones llevan años sin respuesta: “Son reclamos acumulados, por ejemplo, de la minería. Son pedidos de hace 10 años atrás”, concluyó.