EEUU estableció un nuevo esquema de aranceles adicionales. Además, declaró la emergencia nacional.
Cuba se encuentra bajo amenaza nacional por EEUU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la emergencia nacional frente a lo que definió como una “amenaza inusual y extraordinaria” del gobierno de Cuba contra la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. La decisión quedó formalizada a través de una orden ejecutiva difundida por la Casa Blanca, que detalló los fundamentos, los objetivos estratégicos y los instrumentos económicos que se pondrán en marcha a partir de esta determinación.
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El documento estableció un nuevo esquema de aranceles adicionales dirigido a países que suministren petróleo a la isla, una medida que busca profundizar el aislamiento energético del régimen cubano y aumentar la presión internacional sobre Miguel Díaz-Canel.
Según la información oficial publicada por la Casa Blanca, la orden sostuvo que Cuba reforzó de manera sostenida sus vínculos con países considerados adversarios por Washington, entre ellos la Federación Rusa, la República Popular China e Irán.
En ese marco, el texto afirmó que “el régimen cubano se alinea y respalda a numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a los intereses de Estados Unidos, incluyendo a Hamas y Hezbollah”.
La administración estadounidense advirtió además que la isla aloja la mayor base de inteligencia de señales de Rusia fuera de su territorio, desde donde se intercepta información sensible y se desarrollan tareas de espionaje contra intereses norteamericanos.
Si bien distintos gobiernos estadounidenses declararon emergencias nacionales vinculadas a Cuba por amenazas militares, riesgos migratorios o cuestiones de seguridad, la Casa Blanca subrayó que el contexto actual presenta características particulares.
La situación económica de la isla, sumada a su aislamiento internacional y a la falta de acceso suficiente a combustible, otorgó un carácter especial a la medida.
La base legal de este esquema se remontó al 1 de marzo de 1996, cuando Bill Clinton proclamó una emergencia nacional tras el derribo de dos aeronaves civiles estadounidenses, denunciando la “disposición temeraria de Cuba a emplear fuerza excesiva”.
En 2004, George W. Bush amplió esa declaración mediante la Proclamación 7757, al restringir la asistencia económica y material, y al advertir sobre el riesgo de ruptura de los acuerdos migratorios.
Desde entonces, cada presidente renovó esa situación de emergencia. Barack Obama la actualizó en 2016 para enfatizar el peligro de una migración masiva y el ingreso no autorizado de embarcaciones. Trump la ratificó en 2018, mientras que Joe Biden la prorrogó en febrero de 2024, alertando sobre el impacto que un éxodo desde la isla tendría sobre la seguridad nacional.
En paralelo, la inclusión de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo se mantuvo durante gran parte de los últimos 40 años, con una reincorporación dispuesta por la administración Trump en enero de 2025.
La orden ejecutiva puso especial énfasis en la relación entre Cuba y la República Popular China. Según el texto, el régimen cubano facilitó el desarrollo de capacidades militares y de inteligencia avanzadas por parte de potencias extranjeras, lo que constituyó una amenaza directa para Estados Unidos.
El documento afirmó que Cuba “ha brindado refugio y apoyo a grupos como Hezbollah y Hamas, creando un entorno favorable para el fortalecimiento de lazos económicos, culturales y de seguridad de estas organizaciones en el continente americano”.
Para la administración Trump, este entramado tuvo como objetivo “desestabilizar el hemisferio occidental, incluyendo a Estados Unidos”.
En materia de derechos humanos, la Casa Blanca denunció que “el régimen comunista persigue y tortura a sus opositores políticos, niega la libertad de expresión y de prensa, y obtiene beneficios económicos mediante la represión y el sufrimiento del pueblo cubano”.
La orden describió represalias contra familiares de presos políticos, hostigamiento a practicantes religiosos y severas restricciones a la libertad de asociación. También señaló que “las autoridades cubanas bloquean el acceso a internet, impiden manifestaciones pacíficas y censuran toda crítica al Estado”.
Uno de los ejes centrales de la orden ejecutiva fue la creación de un sistema de aranceles adicionales sobre bienes provenientes de países que suministren directa o indirectamente petróleo a Cuba.
El mecanismo dispuso que el Departamento de Comercio identifique a las naciones involucradas y notifique al Departamento de Estado, que evaluará la imposición de tarifas ad valorem sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos.
La Casa Blanca explicó que el objetivo es restringir el acceso energético del régimen cubano y desalentar la colaboración de terceros países con el gobierno de Díaz-Canel. La orden también habilitó al presidente Trump a modificar las medidas en función de cambios en el escenario internacional, recomendaciones de altos funcionarios o posibles represalias comerciales.
El texto estableció que la Secretaría de Estado y la Secretaría de Comercio supervisarán de manera permanente la situación en Cuba y evaluarán la efectividad de las sanciones. En caso de que las herramientas adoptadas resulten insuficientes para enfrentar la emergencia nacional, ambas agencias podrán recomendar acciones adicionales al presidente.
La administración Trump afirmó que la política de Estados Unidos “no tolerará los abusos del régimen comunista cubano” y que mantendrá la presión para frenar su cooperación con actores hostiles y limitar la influencia de organizaciones terroristas internacionales en la región.
“El régimen de Cuba continúa expandiendo sus ideas, políticas y prácticas comunistas en el hemisferio occidental”, señaló el documento, que también expresó respaldo a las aspiraciones democráticas de la sociedad cubana.
En su cierre, la orden ejecutiva reiteró que “la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior estadounidenses”, consolidando un nuevo capítulo en la estrategia de presión máxima impulsada por Donald Trump contra el régimen de la isla.
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