Un acuerdo promovido en Copenhague por los países desarrollados para luchar contra el cambio climático e impugnado por un núcleo duro de países vio la luz gracias a un ardid diplomático que permitió sortear la imposibilidad de una adopción consensuada.
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La Conferencia de la ONU sobre el Clima optó por "tomar nota" del Acuerdo de Copenhague, anunció el presidente de la sesión, en la reanudación de la reunión tras una dramática interrupción matinal, desatando la ovación de una gran parte de la sala.
"El hecho de 'tomar nota' le da un estatuto legal suficiente para que el acuerdo sea operativo sin necesidad de una aprobación por las partes", explicó Alden Meyer, director de la ONG estadounidense Union of Concerned Scientists (unión de científicos comprometidos).
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que "está claro que es necesario mucho más para abandonar la senda del calentamiento climático, pero es un paso en la dirección correcta" y que "se han puesto los cimientos del primer acuerdo global para limitar los gases de efecto invernadero", indicó.
Elaborado la víspera por los jefes de Estado y de Gobierno de unos 30 países industrializados, emergentes y en desarrollo, el documento había sido presentado de madrugada ante el plenario de la conferencia.
Sus principales promotores fueron Estados Unidos, la Unión Europea, y cuatro grandes potencias emergentes: China, India, Brasil y Sudáfrica.
Pero la férrea oposición de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Sudán -que criticaban su insuficiencia para luchar contra el cambio climático o la exclusión de la mayoría de países del proceso decisorio- amenazaba su adopción, dado que ésta que debía darse necesariamente por consenso.
La solución llegó después de una noche de ásperos debates.
"No nos parece correcto que intentemos, con el argumento de la buena fe, imponer aquí un documento logrado por medios no democráticos que se nos presentó pocos minutos antes de proponernos su adopción", afirmó el delegado de Bolivia.
El acuerdo, una declaración política sin el valor jurídico de un tratado propiamente dicho, fue alcanzado en la noche del viernes al término de un maratón de negociaciones entre 30 mandatarios de todas las regiones, encabezados por el presidente estadounidense Barack Obama.
El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, "jugó un papel muy activo en este proceso", explicó a los periodistas el embajador de Brasil para el clima, Sergio Serra.
Hacia la medianoche, Obama, Lula, Wen y los demás dejaron la conferencia, pasando el fruto de sus discusiones al plenario de los 193 países para que lo adoptasen a guisa de introducción de los acuerdos técnicos propiamente dichos, negociados bajo la égida del Protocolo de Kioto y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
La delegada de Venezuela afirmó que la forma en que se había gestado el acuerdo era "un golpe de Estado a la Carta de Naciones Unidas" y subrayó que todo ocurrió "bajo la propia mirada del secretario general de la ONU".
Este comentario inauguró una noche de ásperos intercambios, durante la que Sudán afirmó que adoptar este documento, equivale "a pedirle a Africa que firme un pacto suicida, un pacto incendiario".
Su representante, Lumumba Stanislas Dia-ping, llegó a comparar las consecuencias de dicho acuerdo con un Holocausto, provocando acaloradas reacciones de muchos de los países cuyos presidentes participaron en su elaboración.
El documento recoge un número mínimo de cuestiones de forma vaga, como el reconocimiento de la necesidad de limitar el aumento de la temperatura media del planeta a 2º C respecto a su nivel preindustrial.
La cuestión crucial de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a medio plazo (2020) será decidida en enero, según el texto. Los objetivos a largo plazo (2050) no son siquiera mencionados.
También refleja el compromiso de Estados Unidos de otorgar 3.600 millones de dólares a los países más vulnerables de aquí a 2012 para ayudarlos a adaptarse a los impactos del cambio climático y la necesidad de movilizar fondos a altura de 100.000 millones de dólares anuales en 2020.
Muchos países reconocieron que su contenido es insuficiente pero lo aceptaron como medio de avanzar en la negociación sacando al proceso del estancamiento. "Un paso adelante es mucho mejor que dos pasos atrás", afirmó el representante de Noruega.
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