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El estatuto ampliado, adoptado por los diputados catalanes luego de intensas y duras negociaciones entre los partidos del gobierno catalán, integrado por socialistas, independentistas, ecosocialistas y nacionalistas catalanes, pretende convertir a Cataluña en una "nación", definición a priori, incompatible con la Constitución española de 1978.
El texto aprobado fue alcanzado tras un acuerdo sobre el modelo de financiación que regulará la relación económica de Cataluña con el Estado español.
Tras la votación, que los parlamentarios catalanes saludaron de pie y con aplausos, el texto será remitido para su discusión y posterior votación a las Cortes Generales en Madrid.
Se trata del tercer estatuto de autonomía de la historia de Cataluña y el primero posterior a una reforma del actual, efectuada en 1979.
La votación sobre la totalidad de la proposición de ley del nuevo estatuto, tuvo lugar en la tercera y última sesión de un pleno parlamentario regional considerado "histórico".
La aprobación definitiva en el Parlamento catalán exigía el voto favorable de dos terceras partes de los diputados, es decir el de 90 de los 135 diputados de la Cámara catalana.
Un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación fue logrado "in extremis" el jueves, tras intensas negociaciones entre el Govern de la Generalitat, que integran el Partido de los Socialistas Catalanes (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, independentistas) y la coalición Iniciativa per Catalunya (ICV, verdes y ex comunistas) con los nacionalistas democristianos de Convergencia i Unió (CiU).
El nuevo estatuto hace referencia a la laicidad en la enseñanza pública, lo que garantizó los votos necesarios para la aprobación del nuevo Estatuto. Alcanzar este estatuto ampliado era el primer gran desafío del gobierno tripartido que surgió tras los comicios regionales catalanes de 2003, que pusieron fin a 23 años de gobierno de los nacionalistas democristianos dirigido por el veterano político Jordi Pujol, que decidió retirarse de la política.
Tras intensas horas de negociaciones, el "tripartito" catalán y CiU llegaron a un acuerdo sobre el espinoso tema de las competencias en materia de financiación, en el que los nacionalistas finalmente moderaron sus pretensiones para facilitar la aprobación.
El modelo adoptado establece que la Generalitat recaudará todos los tributos en Cataluña y luego rendirá cuentas al Estado español.
El texto, que ahora será sometido al Parlamento en Madrid, ya levantó ampollas no sólo en el PP sino también entre algunos de los presidentes de otros gobiernos autonómicos pertenecientes al Partido Socialista Obrero Español (PSOE, en el poder central).
El presidente del PP, Mariano Rajoy, instó a los diputados socialistas a frenar el Estatuto porque "ya no espero nada del presidente del gobierno", José Luis Rodríguez Zapatero.
El jefe del gobierno autónomo de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, conocido por sus exabruptos verbales, afirmó que Zapatero, "jamás va a permitir que Cataluña sea una nación", tal y como estipula el Título Preliminar del nuevo Estatuto que aprobó el Parlamento catalán.
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