EEUU: acusado de la matanza de Tucson se declaró culpable

Jared Loughner.

Jared Loughner se declaró culpable del tiroteo en Tucson (Arizona, oeste) en enero de 2011 en la que murieron seis personas y una congresista resultó herida, como parte de un acuerdo que lo enviará de por vida a prisión pero evitará la pena de muerte.

"Me declaro culpable", dijo Loughner luego de que el juez federal de Tucson, Larry Burns, le leyera la lista de los cargos en su contra, entre ellos el del asesinato de Christina Taylor Green, la niña de nueve años que falleció en el tiroteo. Otras 13 personas resultaron heridas.

La declaración de culpabilidad ocurrió minutos después de que el juez Burns lo considerara apto para un juicio tras haber recibido un tratamiento por esquizofrenia, que le fue diagnosticada luego de ser arrestado.

Loughner se declaró culpable de 19 cargos de asesinato e intento de asesinato bajo recomendación de su abogada, Judy Clarke, para evitar la pena de muerte y recibir a cambio la cadena perpetua sin posibilidad de apelación.

El acuerdo también evita un largo y penoso juicio que puede resultar psicológicamente desgastante para las víctimas y sus familiares.

Clarke señaló que Loughner se declaraba culpable "en plena consciencia y voluntariamente". El juez Burns preguntó al acusado, de 23 años: "¿Usted se acercó a la congresista (Gabrielle) Giffords con la intención de matarla? ¿Usted reconoce esto como una afirmación verdadera? ¿Es esto exacto?".

Loughner, vestido con un uniforme de convicto naranja, respondió: "Sí, lo es". La sentencia fue fijada para el 15 de noviembre.

Loughner disparó contra los asistentes de un acto político el 8 de enero de 2011 en la entrada de un supermercado en Tucson, donde murieron seis personas y 13 resultaron heridas, entre ellas la congresista demócrata Gabrielle Giffords.

Entre las víctimas fatales figuraban la niña de nueve años y un juez federal. Giffords, quien recibió un balazo en la cabeza, se encuentra desde entonces en rehabilitación y en enero anunció su renuncia al Congreso.

El atacante fue arrestado en el lugar de los hechos. La justicia declaró entonces que sufría trastornos psiquiátricos y que no podía ser juzgado, por lo que un juez ordenó que siguiera un tratamiento hasta que estuviera apto para ser enjuiciado.

Loughner no mostró emociones mientras respondía a las preguntas del juez Burns y se mantuvo en silencio con los brazos cruzados durante la audiencia, que originalmente estaba prevista sólo para determinar si el acusado era mentalmente competente.