EEUU eliminó la "lista negra" del informe anual sobre Derechos Humanos

El Departamento de Estado norteamericano eliminó la polémica "lista negra" de países que violan los Derechos Humanos en su informe anual obligatorio al Congreso sobre la materia, cuya edición sobre 2008 fue hecha pública.

El año pasado aún se presentó a Cuba, Corea del Norte, Myanmar, Irán, Siria, Zimbabwe, Bielorrusia, Eritrea y Sudán como "los mayores violadores sistemáticos de los derechos humanos en el mundo". En 2007, por primera vez, desapareció China de la lista.

De hecho, el informe de este año, el primero desde que Barack Obama asumió la presidencia el 20 de enero, elimina toda categorización, y se limita a resaltar algunos casos de países concretos divididos por continentes, aunque no escatima críticas.

En el caso de América, el informe recuerda brevemente que Cuba "continuó siendo el único estado totalitario del hemisferio después de una transferencia no democrática del poder de Fidel Castro a su hermano, Raúl".

En su apartado sobre México, el informe indica que el gobierno "en general respetó y promovió los derechos humanos" a nivel federal investigando, procesando y sentenciando a funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, señala que se han reportado asesinatos por parte de fuerzas de seguridad, secuestros, abuso físico, malas condiciones y sobrepoblación carcelaria, arrestos y detenciones arbitrarias, entre otros.

Sobre los asesinatos al margen de la ley por parte de militares y policías, el documento señala que "un número significativo de estos incidentes ocurrieron en retenes relacionados con los esfuerzos gubernamentales para combatir el crimen organizado y muchas veces reflejaron un pobre entrenamiento".

El informe menciona también problemas de corrupción, ineficiencia y falta de transparencia en el sistema judicial mexicano, intimidación de grupos de la delincuencia contra periodistas que llevan a la autocensura, violencia contra las mujeres y tráfico de personas, entre otros.

Respecto al resto del continente, el informe destaca que las democracias de la región "mantuvieron la independencia y el rigor ganados en años recientes", y cita como ejemplos las elecciones en Paraguay y Honduras, y los referendos en Bolivia y Ecuador.

Sin embargo, asegura que hubo "excepciones" como las elecciones municipales en Nicaragua, "manchadas por un extendido fraude, intimidación y violencia", y las de Venezuela, cuando casi 300 candidatos a alcaldes y gobernadores fueron declarados inhábiles para presentarse por "infracciones administrativas".

El reporte también critica que algunos gobiernos "usaron procesos democráticos" como los referendos constitucionales, "para perseguir políticas que amenazaron con minar las libertades y las instituciones democráticas", y cita los casos de Ecuador y Venezuela.

En cuanto a las amenazas a la libertad de prensa, el informe resalta el "acoso" al que en Venezuela fueron sometidos periodistas y medios de oposición, que el gobierno nicaragüense "usó medidas administrativas, judiciales y financieras" para coartar a la prensa y que en Bolivia incluso el presidente Evo Morales realizó declaraciones "condonando" la violencia contra periodistas.

Respecto a otros países, el informe resalta que Guatemala "realizó esfuerzos para mejorar su situación de derechos humanos" y que en Colombia, a pesar de reconocer los esfuerzos y avances, "persistieron numerosos problemas sociales y abusos gubernamentales a los derechos humanos, incluyendo muertes extrajudiciales".

La "lista negra" era constantemente criticada por numerosos gobiernos de todo el mundo. El informe en sí, sin embargo, es obligatorio para el Departamento de Estado porque se realiza por mandato del Congreso.

En una introducción mucho más breve que en años pasados, el informe recuerda que tiene el objetivo de servir como referencia no sólo al Congreso y el gobierno, sino también a "otros gobiernos, instituciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, defensores de los derechos humanos y periodistas".

Para combatir las acusaciones de arrogarse el poder de determinar quién viola y quién no los derechos humanos, igual que ya en la era de George W. Bush, el informe asegura ser consciente "del escrutinio tanto nacional como internacional del historial de Estados Unidos".

En ese sentido, por ejemplo, cita por primera vez específicamente el caso de Guantánamo, a pesar de que el Congreso no le exige un análisis del respeto de los derechos humanos dentro de sus fronteras.

"Las leyes, políticas y prácticas de Estados Unidos evolucionaron considerablmente en años recientes, y lo seguirán haciendo", afirma, recuerda que el presidente Obama ordenó ya el cierre de la prisión militar de Guantánamo en el plazo de un año y "una revisión de las políticas del gobierno estadounidense sobre detención e interrogatorios".

En general, el informe asegura que 2008 fue un año caracterizado por tres tendencias: "Una creciente demanda mundial por mayor libertad personal y política, (algunos) esfuerzos gubernamentales por contrarrestar esas libertados y una mayor confirmación de que los derechos humanos florecen en democracias participativas con vibrantes sociedades civiles".

La nueva secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, presentó el informe y aseguró que "la promoción de los derechos humanos es una pieza esencial" de su política exterior, y se comprometió a hacerlo por medios "convencionales y no convencionales", y a implicar en la lucha no sólo a gobiernos, sino también a "organizaciones no gubernamentales, empresas, líderes religiosos, escuelas y universidades y ciudadanos individuales".