EE.UU. investigará a alumnos extranjeros de universidades

Washington (EFE, ANSA, Reuters) - En otro polémico paso en su política antiterrorista, el gobierno de George W. Bush pidió a las universidades que entreguen información personal al FBI sobre los estudiantes y profesores extranjeros, medida que generó una serie de críticas entre los parlamentarios norteamericanos.

El diario «The Washington Post» informó ayer que la iniciativa del Buró Federal de Investigaciones (FBI) pretende determinar si los alumnos y docentes tienen vínculos con conocidos terroristas o individuos sospechosos de pertenecer a organizaciones de ese tipo.

Según la carta enviada a comienzos de mes a universidades de todo el país, el FBI solicita los «nombres, direcciones, números de teléfono, información de ciudadanía, lugares y fechas de nacimiento, y cualquier información de contacto» de profesores y estudiantes que no tengan nacionalidad estadounidense.

Cada año, unos 200.000 estudiantes extranjeros cursan estudios en universidades y otros centros educativos de Estados Unidos y sus datos ya los está recogiendo el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), que plantea que es preciso chequear su situación migratoria.

Pero la iniciativa del FBI va más allá, porque ese organismo se encarga de los delitos relacionados con el terrorismo y ha encontrado la resistencia en varios grupos educativos y de senadores demócratas, que dudan de su legalidad.

Los críticos opinan que el FBI no puede lograr los datos personales de profesores y alumnos extranjeros sin un requerimiento judicial.

•Demandas

La medida del FBI es una más de las que impulsa el Departamento de Justicia, que dirige John Ashcroft, con la intención de evitar un nuevo atentado terrorista en EE.UU., pero que ha suscitado demandas en los tribunales y constantes críticas por parte de las asociaciones de derechos civiles.

Durante todo este año, el gobierno de Bush ha aumentado su poder para detener e investigar a extranjeros, y los grupos de derechos civiles afirman que ha sido a costa de violar las libertades fundamentales.

En esta ocasión, la llamada Ley Patriótica o antiterrorista ha sido invocada para lograr información en el sector educativo, un terreno cuya debilidad quedó en evidencia tras los atentados del 11 de setiembre de 2001.

Varios de los secuestradores aéreos que causaron unas 3.000 muertes en los atentados de Nueva York, Washington y Pensilvania habían entrado en Estados Unidos con visados de estudiantes y tomaron clases en escuelas de aviación norteamericanas.

Según «The Washington Post», el Departamento de Justicia afirma que la Ley Patriótica permite que los centros docentes otorguen datos de sus alumnos y profesores sin comunicárselo al interesado. El FBI ha precisado que es de voluntario cumplimiento, pero no ha querido divulgar el número de universidades a las que se les han requerido esos datos ni cuántas han respondido a la petición.

•Protestas

Los senadores demócratas Patrick Leahy (Vermont) y Ted Kennedy (Massachusetts), ambos miembros del Comité Judicial del Senado, han escrito al procurador general para protestar por la iniciativa. En una carta enviada la semana pasada a Ashcroft, Leahy y Kennedy dicen que «la legalidad de esa petición no parece clara» porque la ley federal «requiere una orden de un tribunal y debe demostrar que está hecha específicamente para investigar el terrorismo». «El FBI no parece cumplir completamente ninguna de estas dos premisas», añade la carta de los senadores.

Desde los atentados del 11 de setiembre de 2001, más de 1.200 extranjeros, cuyos nombres no han sido revelados, han sido detenidos en Estados Unidos para investigar sus posibles vínculos con el terrorismo. En al menos 600 de los casos, sus audiencias judiciales fueron secretas y la mayoría fue deportada.