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La ley obliga a que los padres participen en el proceso a través del cual los menores decidan abortar, y puede acarrear hasta un año de cárcel, una multa -o ambas-, para aquellos médicos o adultos que intenten ayudar a los menores a viajar a otro Estado para facilitar un aborto.
La nueva legislación es uno de los últimos esfuerzos de los grupos más conservadores del Congreso estadounidense, que intentan restringir el derecho a interrumpir un embarazo.
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