Takahiro Shiraishi, conocido públicamente como el “asesino de Twitter”, fue ejecutado este viernes en Japón mediante ahorcamiento, luego de ser condenado por el asesinato y desmembramiento de nueve personas en 2017. La noticia fue difundida por los medios japoneses, que citaron fuentes del gobierno, aunque el Ministerio de Justicia aún no confirmó oficialmente el procedimiento y anunció una conferencia de prensa en las próximas horas.
Ejecutaron en Japón al "asesino de Twitter" tras ser condenado por nueve homicidios
Es la primera ejecución en el país asiático desde 2022. El acusado había admitido su culpabilidad durante el juicio.
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Takahiro Shiraishi fue ejecutado en Japón.
Se trató de la primera ejecución que el país llevó a cabo desde 2022 y reabrió el debate en torno a la pena de muerte y su aplicación.
Shiraishi, de 34 años, había sido sentenciado en 2020 tras admitir su culpabilidad durante el juicio, donde se mostró sin remordimientos y ratificó cada uno de sus actos.
Cómo actuaba y quiénes fueron sus víctimas
Los crímenes ocurrieron entre agosto y octubre de 2017. Las víctimas fueron ocho mujeres y un hombre, todos jóvenes de entre 15 y 26 años, que presentaban señales de vulnerabilidad emocional. Shiraishi los contactaba a través de Twitter, red social que actualmente se llama X, y les ofrecía ayuda para morir.
Una vez que lograba establecer contacto, los citaba en su departamento ubicado en Zama, en la prefectura de Kanagawa. Allí los asesinaba y luego desmembraba los cuerpos. Durante el juicio declaró: “Sí, los maté, y no hay duda de eso”, confirmando su responsabilidad ante el tribunal.
El caso salió a la luz luego de que el hermano de una de las víctimas revisara su cuenta en redes sociales y encontrara una conversación con el acusado. Ese dato permitió a la policía rastrear a Shiraishi y descubrir la escena: cuerpos desmembrados, restos humanos almacenados en cajas y heladeras portátiles dentro de su pequeño departamento.
Aplicación de la pena de muerte en Japón
Japón mantiene la pena capital vigente y la ejecuta exclusivamente por ahorcamiento. Esta práctica se realiza de forma reservada, los reclusos reciben la notificación de su ejecución apenas unas horas antes, una metodología que organismos internacionales criticaron por sus consecuencias psicológicas.
Aunque la legislación japonesa establece que la ejecución debe concretarse dentro de los seis meses posteriores a la sentencia firme, en la práctica suelen pasar varios años.
En diciembre de 2023, el Ministerio de Justicia confirmó que había 107 condenados en el corredor de la muerte. Estas personas permanecen aisladas por tiempo indefinido sin saber cuándo ocurrirá su ejecución. Amnistía Internacional sostuvo que “la incertidumbre permanente constituye una forma de tortura psicológica”.
Casos recientes
Además de Japón, solo Estados Unidos mantiene la pena de muerte dentro del G7. Sin embargo, la sociedad japonesa respalda ampliamente esta medida. Según una encuesta gubernamental realizada en 2024, el 83% de los consultados consideró que la pena capital es “inevitable” en ciertos delitos.
La ejecución más reciente antes del caso de Shiraishi ocurrió en 2022 y correspondió a Tomohiro Kato, responsable de un ataque mortal con cuchillo y vehículo en Akihabara en 2008, que dejó siete víctimas fatales. Kato había declarado: “Vine a Akihabara a matar. No importaba a quién”.
También en 2018 se realizaron ejecuciones de alto perfil, como la del líder de la secta Aum Shinrikyo, Shoko Asahara, junto con 12 seguidores, por el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, que causó 14 muertos y más de 5.000 afectados.
El debate por el uso de las redes sociales y su peligro
El caso de Takahiro Shiraishi volvió a poner en el centro del debate el papel de las redes sociales en la captación de víctimas en estado de vulnerabilidad. Los medios de comunicación y organizaciones humanitarias exigieron una mayor regulación sobre los contenidos vinculados al suicidio en plataformas digitales, especialmente en un país que enfrenta desafíos crecientes en materia de salud mental.
Además, distintas voces reclamaron más transparencia en el sistema penitenciario japonés, especialmente en lo relativo a la pena de muerte y a los procedimientos que la rodean.
La ejecución de Shiraishi, al igual que sus crímenes, generó una amplia repercusión tanto en la sociedad japonesa como en el ámbito internacional, donde la vigencia de la pena de muerte sigue siendo objeto de profundas controversias éticas y legales.
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