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El Gobierno de facto de Bolivia creó un órgano para perseguir a los legisladores masistas

El ministro Arturo Murillo afirmó que, desde hoy, varios dirigentes serán detenidos por sedición y subversión. La represión ya se cobró la vida de 23 personas.

La Paz - El ministro del Gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, anunció ayer la creación de una “aparato especial de la Fiscalía” para detener a diputados afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, a los que acusa de subversión y sedición.

“Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión. A partir de lunes (por hoy) voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”, afirmó Murillo en declaraciones recogidas por el diario ‘Los Tiempos’.

El funcionario aseguró que dirigentes políticos y los mismos ciudadanos están aportando información. “Lo que estamos informado está empezando a llegar a la gente, al pobre, al humilde, al utilizado, al que lo matan como perro, para utilizarlo, son los narcotraficantes, los delincuentes”, ha apuntado.

Murillo aseguró además que es el narcotráfico el que está impulsando las protestas y movilizaciones contra el Gobierno de transición instalado tras el Golpe de Estado contra Evo Morales como presidente.

Tras la amenaza, el gobierno de facto intervino la Editorial del Estado y cambió el nombre del diario oficial. “Vinimos a verificar que se ha impreso material para el partido político Movimiento al Socialismo (MAS)”, el partido de Morales, afirmó el interventor, César Rojas, en una nota publicada ayer por el diario oficial.

El diario oficial, un equivalente al Boletín Oficial argentino, apareció ayer bajo el nombre Bolivia, en lugar de Cambio, como se llamó hasta el sábado, según el diario paceño Página Siete.

“De acuerdo con el recorrido realizado en la Editorial del Estado, encontramos indicios y vestigios de que fue utilizada para una campaña política”, agregó Rojas, según reprodujo la agencia noticiosa estatal ABI.

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La Editorial del Estado fue inaugurada por Morales el 27 de diciembre de 2017. Tiene sus instalaciones en El Alto, ciudad contigua a La Paz, y requirió una inversión de casi 11 millones de dólares, según informó entonces el diario digital Notas.

Mientras tanto, las autoridades evitaron pronunciarse sobre el ultimátum que los cocaleros de la región cochabambina de Chapare -donde surgió Morales como dirigente sindical- dieron el sábado a la noche para que la autoproclamada presidente Jeanine Áñez renuncie a más tardar en 48 horas.

En Sacaba, durante el velatorio de cinco de las víctimas de las protestas, los cocaleros advirtieron que si Áñez no dimite, realizarán un bloqueo nacional de rutas por tiempo indefinido, según El Deber.

Paralelamente, otros grupos afines a Morales planean cercar completamente La Paz y El Alto mediante el bloqueo de sus accesos, e impedir su abastecimiento como forma de presión.

“A La Paz no tiene que llegar ni un grano de comida; se ha prohibido a los productores que saquen comida de sus chacras; es preferible que se pudra, que dar comida a los k’aras (blancos)”, dijo un dirigente campesino.

Por otra parte, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, afirmó que el polémico decreto que exime de responsabilidad penal a efectivos de las Fuerzas Armadas en relación con la represión de las protestas “de ninguna manera se transforma en una licencia para matar”.

“Es un elemento disuasivo, porque lo que pretende el gobierno es sencillamente evitar la confrontación, lo que pretende es evitar que existan más muertes y, sobre todo, (pretende) que la paz social se restablezca en nuestro país”, dijo Justiniano anoche, en conferencia de prensa.

Ese decreto, conocido el sábado, fue duramente cuestionado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hoy reportó que las protestas iniciadas el 20 de octubre dejaron 23 muertos y 715 heridos.

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